Personas son utilizadas como escudos humanos, obligadas a vigilar y a cerrar caminos
bajo amenazas
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Los obispos de Chiapas, México, y Guatemala alzaron la voz en un mensaje contundente
dirigido a los tres órdenes de Gobierno y a los responsables de la violencia que asola la
región. Denunciaron que las comunidades de Chicomuselo, Frontera Comalapa,
Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bejucal De Ocampo, Siltepec y Motozintla
se han convertido en un “campo de batalla” donde los grupos criminales utilizan a las
personas como escudos humanos y obligan a los hombres a vigilar y cerrar caminos bajo
amenazas constantes.
La Iglesia Católica expresó su preocupación por la falta de condiciones para celebrar
elecciones extraordinarias en estas regiones, donde la vida de los habitantes se ha visto
seriamente amenazada. Según el mensaje, las armas de alto calibre ahora se descargan
sobre personas que han dedicado su vida a defender la tierra y el territorio, motivados por
la fe y la dignidad humana. Los obispos lamentaron que, a pesar de las súplicas y las vidas
perdidas, ningún orden de Gobierno ha prestado atención a las raíces del conflicto,
perpetuando un sistema de muerte que sigue sometiendo a los pueblos.
El mensaje también incluyó un llamado directo a los perpetradores de la violencia:
“¡Paren!”, exigieron los obispos. Subrayaron la sacralidad de la vida y la injusticia de la
sangre derramada, que, según ellos, clama al cielo y no será olvidada. Hicieron un ruego
en nombre del derecho a la vida, pidiendo que se respete el esfuerzo de las familias que
han trabajado arduamente por su patrimonio, muchas de las cuales han sido forzadas a
huir, incluso cruzando la frontera en busca de seguridad.
Este llamado de la Iglesia Católica se suma a la creciente preocupación por la inestabilidad
en la Sierra Madre de Chiapas, donde las comunidades viven bajo un constante estado de
terror e incertidumbre. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha dejado a
estas comunidades vulnerables y desamparadas, mientras la violencia sigue cobrando más
vidas y desplazando a más familias.
La falta de acción de las autoridades ante la escalada de violencia que ha asolado la
región. Acusan a los gobiernos de no “escuchar y atender las raíces” de un conflicto que,
según ellos, ha sido ignorado sistemáticamente, dejando una estela de sangre, dolor y
mártires. Para los líderes, la violencia que sacude al estado es una guerra interesada, en la
que el pueblo no tiene parte, pero sobre la que se sigue ejerciendo un dominio basado en
amenazas y coacción.
La violencia ha tenido un impacto devastador en las comunidades locales, forzando a
numerosas familias a huir de sus hogares en busca de seguridad. Muchas de estas familias
han cruzado la frontera hacia Guatemala, en un éxodo desesperado para salvar sus vidas.
Los representantes religiosos, conmovidos por la situación, expresaron su gratitud a
quienes han extendido su ayuda a estos exiliados, subrayando que las familias desplazadas
han trabajado arduamente por su modesto patrimonio y tienen derecho a preservarlo. Sin
embargo, la realidad es que han tenido que abandonarlo para salvarse de la violencia.
La preocupación por la seguridad en la región también ha permeado el ambiente político,
particularmente en relación con las elecciones extraordinarias convocadas para el
domingo 25 de agosto en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel
Vidal. Los líderes religiosos y comunitarios han reiterado que no existen condiciones
adecuadas para llevar a cabo estos comicios, puesto que la violencia de los grupos
armados que operan en estas demarcaciones no solo persiste, sino que se ha
intensificado. Ante esta situación, han hecho un llamado urgente a las autoridades para
que desarticulen y desarmen a estos grupos que siguen asolando el estado de Chiapas.
La situación en la sierra y la frontera con Guatemala se ha deteriorado aún más en los
últimos días, con reportes de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Aunque se especula sobre un número considerable de víctimas mortales, las autoridades
no han confirmado oficialmente las cifras. En medio de estas refriegas, también se han
reportado ataques a las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona, lo que ha exacerbado la
situación de inseguridad y ha provocado el desplazamiento masivo de familias hacia
localidades como Comitán y Tuxtla Gutiérrez.
La comunidad chiapaneca se encuentra en una encrucijada, atrapada entre la violencia de
los grupos armados y la inacción de las autoridades. Mientras tanto, la sombra de la
incertidumbre se cierne sobre las próximas elecciones, y la vida cotidiana en estas
comunidades se ha visto profundamente alterada, dejando a las familias en un estado de
constante miedo y desplazamiento. La demanda de paz y seguridad es más urgente que
nunca, pero aún queda por ver si las autoridades serán capaces de responder a este
llamado antes de que sea demasiado tarde.
En los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, donde se prevén
elecciones extraordinarias el 25 de agosto, la violencia se ha “intensificado” en días
recientes. Los líderes religiosos han declarado que no existen “condiciones” para llevar a
cabo un proceso electoral en estos territorios, donde intereses económicos, políticos y
extractivistas, provenientes de actores externos, han exacerbado los conflictos locales.
Según afirman, estos actores han “marcado opciones, posiciones y luchas” que solo
pueden ser sostenidas mediante “armas y grupos de exterminio” que operan con
“impunidad”.
La cita bíblica, “El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no recibirá
respuesta” (Proverbios 21:13), fue utilizada por los obispos para subrayar la urgencia de
atender el sufrimiento de las comunidades afectadas. En contraste, destacaron la
bienaventuranza de aquellos que “velan por la justicia, acompañan en el miedo, en el
dolor y en el sufrimiento, consolando, sosteniendo, liberando”. Este llamado a la acción es
una advertencia de que, si no se abordan las raíces del conflicto y se busca la paz, las
consecuencias serán catastróficas para toda la región.
El llamado de los obispos no es solo una exhortación espiritual, sino un grito de alerta ante
la inacción gubernamental. A pesar de la escalada de violencia, las autoridades no han
logrado controlar la situación, permitiendo que los grupos armados operen con total
libertad. Esta falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno ha generado un ambiente
de desconfianza y temor en las comunidades afectadas, quienes ven cómo sus derechos
son pisoteados y su seguridad se ve comprometida.
El proceso electoral en Chiapas ha sido descrito como un “catalizador” de la violencia.
Según los líderes religiosos, la contienda electoral intensifica los conflictos ya existentes,
puesto que diversos grupos armados y actores externos buscan influir en los resultados a
través de la intimidación y la violencia. Esta situación ha llevado a un punto crítico donde
las elecciones, en lugar de ser un ejercicio democrático para la resolución de conflictos, se
han convertido en un motivo más de enfrentamiento.
Las implicaciones de esta situación son profundas. No solo se pone en riesgo la integridad
del proceso electoral, sino también la vida y seguridad de miles de chiapanecos que viven
en estas zonas de conflicto. La incapacidad del Estado para garantizar elecciones libres y
seguras en estos municipios es un reflejo de la profunda crisis que atraviesa Chiapas,
donde la violencia ha tomado el control y las instituciones han sido rebasadas.
Ante este panorama desolador, los obispos y líderes de la CEM hacen un llamado urgente
al Gobierno mexicano para que actúe de manera decidida en la desactivación y desarme
de los grupos armados que operan en la región. Esta es una medida necesaria no solo para
restaurar el orden y la seguridad en Chiapas, sino también para permitir que las elecciones
puedan llevarse a cabo en condiciones de paz y respeto por los derechos humanos.
En un contexto donde la violencia y el sufrimiento han alcanzado niveles insostenibles, los
obispos también recuerdan que aquellos que “velan por la justicia” y “acompañan en el
dolor” son quienes heredarán la tierra prometida. Este mensaje no es solo un llamado a la
acción, sino una promesa de esperanza para quienes, a pesar de la adversidad, luchan por
un futuro mejor para Chiapas.
La situación en el estado exige respuestas inmediatas y efectivas. La comunidad
internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil deben prestar
atención a este llamado urgente de los líderes religiosos y presionar al Gobierno mexicano
para que tome las medidas necesarias para restaurar la paz y la seguridad en la región.
Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá desarmar a los grupos violentos, garantizar
elecciones justas y seguras, y devolver la esperanza a las comunidades chiapanecas que
tanto han sufrido.
