Entre junio y agosto se han registrado 180 casos, un promedio de dos incidencias por día
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El estado de Chiapas, conocido por su rica diversidad cultural y su compleja historia sociopolítica, se encuentra sumido en una profunda crisis humanitaria. En los últimos años, las desapariciones forzadas han aumentado drásticamente, afectando tanto a adultos como a menores. Esta situación refleja un panorama sombrío en el que la violencia, la lucha por el control territorial, y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades han dejado a miles de familias en la incertidumbre y el dolor.
Entre los factores que han contribuido a esta situación, destacan la pugna por el control político, la violencia entre grupos armados y la debilidad institucional. Según datos recopilados por organizaciones no gubernamentales y fuentes oficiales, aproximadamente dos mil 131 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en Chiapas en los últimos años. Estas cifras, lejos de ser simples estadísticas, representan historias de dolor y desesperación para miles de familias que claman por justicia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la organización Melel Xojobal A.C. han estado en la vanguardia del monitoreo de esta crisis. Entre 2018 y 2021, estas organizaciones documentaron un total de mil 831 desapariciones forzadas en Chiapas. Durante el año 2019, se registraron 183 casos, y entre 2022 y 2023, el número aumentó en 300, marcando un preocupante ascenso en la incidencia de estos crímenes.
El impacto de estas desapariciones no es homogéneo; algunas regiones del estado han sido más afectadas que otras. Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), solo entre el 1 de junio y el 16 de agosto de 2024, se han registrado 180 desapariciones en Chiapas, lo que equivale a un promedio de dos personas desaparecidas diariamente. Este aumento significativo ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y ha movilizado a la sociedad civil para exigir acciones inmediatas.
Julio de 2024 se ha destacado como el mes más crítico del año, con 91 desapariciones reportadas. Este dato no solo es alarmante por su magnitud, sino también porque pone de relieve la ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades para enfrentar la crisis. Durante este período, se han emitido 180 fichas de búsqueda para personas no localizadas o desaparecidas, lo que subraya la gravedad de la situación.
Los municipios más afectados en este lapso incluyen a Tapachula, con 32 casos reportados, seguido de Tuxtla Gutiérrez con 26, Arriaga con nueve y Palenque con ocho. Otros municipios con cifras significativas de desapariciones son Berriozábal, La Concordia, y Tonalá, con siete casos cada uno, además de Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con seis casos cada uno. Estos números reflejan una crisis que se ha extendido a lo largo del estado, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.
Ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades, las familias de los desaparecidos han comenzado a organizarse y a alzar la voz. En las últimas semanas, se han llevado a cabo numerosas manifestaciones en distintas partes de Chiapas, en las que se exige mayor seguridad y justicia para las personas desaparecidas. Estas movilizaciones han puesto de relieve la frustración y el dolor de las familias, quienes se sienten abandonadas por un sistema que parece incapaz de protegerlas.
El 15 de agosto de 2024, se reportaron tres nuevas desapariciones. Dos de las personas desaparecieron mientras viajaban por la carretera de Comitán a Frontera Comalapa, y la otra fue vista por última vez en Tuxtla Gutiérrez. Estos casos, lejos de ser excepcionales, se suman a una lista creciente de personas no localizadas en el estado, incrementando la preocupación y la angustia entre las comunidades afectadas.
Las mujeres en Chiapas han sido particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas. El Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas ha documentado un incremento alarmante en los casos de mujeres desaparecidas. Entre 2016 y 2022, se registraron 864 desapariciones de mujeres en la región, lo que representa una crisis dentro de otra crisis, en la que el género añade una capa adicional de vulnerabilidad.
El caso del municipio indígena de Pantelhó es particularmente revelador de esta realidad. Desde julio de 2021, 18 personas han desaparecido en este municipio, en el contexto de la lucha por el control del territorio. A pesar de las denuncias y la presión de los familiares, la Fiscalía General del Estado no ha logrado dar con el paradero de estas personas. La impunidad prevaleciente ha generado un profundo dolor en las familias afectadas, quienes siguen esperando respuestas.
Hoy 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de las víctimas en Pantelhó expresaron su frustración por la falta de resultados. Aunque la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos desde finales de 2022 por información que conduzca a la localización de los desaparecidos, la tensión y los enfrentamientos persisten en la región, lo que ha llevado al desplazamiento interno forzado de varias comunidades.
La situación de las desapariciones forzadas en Chiapas es aún más trágica cuando se considera su impacto en los menores. La Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias (REDIAS) ha registrado un total de 234 desapariciones de niños, niñas y adolescentes en los primeros seis meses de 2024. La edad más frecuente de desaparición es 17 años, lo que señala un patrón preocupante de vulnerabilidad en este grupo de edad.
El análisis de REDIAS, basado en el monitoreo de la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado y las alertas Amber, muestra que 632 desapariciones ocurrieron en Chiapas durante el primer semestre de 2024. De estas, 217 corresponden a niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 34 por ciento del total. Este dato es particularmente alarmante, puesto que muestra que uno de cada tres desaparecidos en Chiapas es un menor de edad.
Los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas encabezan la lista de desapariciones de menores en el estado. Además, la región Metropolitana se destaca como la más afectada, seguida de las regiones de Soconusco, Meseta Comiteca, Altos, Norte, Fraylesca, Istmo-Costa, Maya, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Mezcalapa, Tulijá, Llanos, Valle Zoque y Bosques.
De los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, el 55.4 por ciento eran mestizos y el 44.6 por ciento de origen indígena. Este dato pone de relieve la doble vulnerabilidad que enfrentan los menores indígenas en Chiapas, quienes, además de ser víctimas de desapariciones, también enfrentan discriminación y marginación. De manera alarmante, siete de cada 10 desapariciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres, lo que refleja una clara violencia de género en estas desapariciones.
Las desapariciones forzadas en Chiapas no son solo una tragedia individual para cada familia afectada, sino también un síntoma de una crisis más amplia que requiere una respuesta integral y urgente. Las organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades para que prioricen la búsqueda de los desaparecidos y se comprometan a mejorar las condiciones de seguridad en el estado.
Un punto crítico señalado por estas organizaciones es la necesidad de actuar rápidamente ante las desapariciones. Según REDIAS, las primeras horas después de la desaparición son vitales para aumentar las posibilidades de encontrar a las personas con vida. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido lenta y, en muchos casos, ineficaz, lo que ha llevado a una creciente desconfianza entre la población hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
En este contexto, la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para resolver esta crisis. A pesar de las numerosas denuncias y la visibilidad mediática de algunos casos, la gran mayoría de las desapariciones en Chiapas siguen sin resolverse, y las familias continúan esperando respuestas. La falta de avances en las investigaciones, combinada con la violencia persistente en muchas regiones del estado, ha creado un ambiente de desesperanza y temor entre la población.
La situación en Chiapas es insostenible y requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades federales y estatales. La crisis de desapariciones forzadas no puede ser ignorada, por tanto, es imperativo que se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de la población y el respeto de los derechos humanos. Las familias de los desaparecidos merecen justicia, y la sociedad en su conjunto debe unirse para exigir que se ponga fin a esta tragedia.
