Entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país
PORTAVOZ/AGENCIAS
En meses recientes, organizaciones civiles advirtieron que el Gobierno federal buscaba alterar el registro federal de personas desaparecidas con el fin de disminuir los datos sin investigar cada caso.
México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas, las cuales se han intensificado en las últimas décadas y que evidencia una impunidad casi absoluta, se indicó en el informe “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de las Naciones Unidas”.
“Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité (contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México). Según la información brindada al Comité, entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98 por ciento tuvo lugar en dicho período”, se detalló.
La ONU indicó que la impunidad es un elemento estructural que facilita la continuidad de las desapariciones. Solo entre el dos y seis por ciento de los casos han sido judicializados y apenas se han emitido 36 sentencias a nivel nacional.
Además, se aseguró que esta falta de respuesta de las instituciones judiciales no solo alimenta la desconfianza de las víctimas en las autoridades, sino que también promueve una espiral de revictimización y encubrimiento.
La ONU llamó a implementar una “Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas en México”, que sea integral y coordine esfuerzos de todos los órdenes de Gobierno y la sociedad civil. Esta política, ahondó, debe abordar las causas estructurales de las desapariciones; asegurar la rendición de cuentas y evitar la repetición de estos crímenes, enfatizando la necesidad de acciones concretas y una supervisión independiente que garantice su efectividad.
COMPROMISOS
Jesús Peña Palacios, representante Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, dijo en la presentación del texto que “llega en un momento crucial, en el que las autoridades deben asumir un compromiso renovado para combatir este delito y proteger a todas las personas contra la desaparición forzada”.
Peña Palacios recordó que la problemática no se limita a ciertas regiones; es un fenómeno nacional que impacta a miles de familias.
Fabrizio Lorusso, académico e investigador de la Ibero León, comentó que la falta de instalaciones forenses adecuadas y las fallas en los procesos de identificación de restos humanos son algunas de las principales barreras para que las familias encuentren a sus seres queridos.
Mientras que Raymundo Sandoval Bautista, miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia Guanajuato, consideró que se debe establecer un plan de búsqueda e investigación que incluya no solo a las autoridades, sino también la participación activa de las familias de las víctimas y la atención integral a los afectados.
