José Luis Castillejos
El gasto en programas sociales en México es fundamental para el bienestar de la población. En 2024, la política social se ha enfocado en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dejando atrás otros sectores importantes como educación, salud y seguridad.
El gasto en subsidios alcanzará 1.1 billones de pesos, un incremento del 10.7 por ciento respecto a 2023. Este crecimiento se concentra en las Pensiones de Adultos Mayores, que recibirán 465 mil millones de pesos, un aumento del 871 por ciento desde 2018 y representando el 41.8 por ciento del total de recursos para subsidios, según Números de Erario.
Este enfoque ha generado una regresividad en la política social, puesto que la Pensión para Adultos Mayores distribuye recursos a personas necesitadas y a las de mayores ingresos, limitando la capacidad de reducir la pobreza y la desigualdad. Al cierre del sexenio, el gasto en sectores como agricultura, ciencia, tecnología, educación, protección ambiental, cultura, salud y vivienda será menor al de 2018.
Aunque el gasto total en subsidios ha aumentado, su estructura ha cambiado drásticamente. En 2015, los subsidios se distribuían entre 184 programas; en 2024 solo habrá 72. La Pensión para Adultos Mayores concentrará la mayoría de los recursos, a diferencia de 2015, cuando los subsidios estaban más diversificados.
El gasto en subsidios por habitante será de ocho mil 410 pesos en 2024, una mejora frente a los seis mil 925 pesos en 2018, pero aún por debajo de los ocho mil 786 pesos en 2015. Para alcanzar el gasto per cápita de 2015, se necesitarían 49.7 mil millones de pesos adicionales.
La proporción del gasto en subsidios respecto al gasto total ha disminuido, pasando del 13.8 por ciento en 2015 al 12.3 por ciento en 2024. Esta reducción se debe al aumento en pensiones contributivas y al costo financiero de la deuda en los últimos años. Para igualar la proporción de 2015, se necesitarían 132.6 mil millones de pesos adicionales.
El primer antecedente de la Pensión para Adultos Mayores data de 2001 en el Distrito Federal, enfocado en personas mayores de 68 años en zonas marginadas. A nivel federal, comenzó en 2003, enfocado en adultos mayores de 60 años en localidades rurales marginadas. En 2007, el programa se acotó para localidades de hasta dos mil 500 habitantes, garantizando que el apoyo llegara a los más necesitados.
En 2013, el programa se transformó en la Pensión para Adultos Mayores, reduciendo la edad de elegibilidad a 65 años y enfocándose en personas sin pensión contributiva. Aunque se perdió la focalización en los más pobres, se mantuvo cierta progresividad al destinarse solo a personas sin pensión contributiva. En 2019, se renombró a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se amplió su población objetivo.
Priorizar un programa universal como la Pensión para Adultos Mayores limita la capacidad de la política de subsidios para garantizar la equidad. Según Coneval, el ingreso promedio mensual por persona proveniente de programas sociales pasó de 309.9 pesos en 2018 a 508.3 pesos en 2022, pero la progresividad de estos subsidios disminuyó. Mientras que en 2018 el decil más pobre recibía el 34.4 por ciento de sus ingresos de programas sociales, en 2022 esta proporción cayó al 27.3 por ciento.
Este enfoque ha reducido la pobreza multidimensional, pero la pobreza extrema se ha mantenido casi igual, con un aumento en el número de personas en pobreza extrema de 8.7 a 9.1 millones entre 2018 y 2022. La concentración de recursos en la Pensión para Adultos Mayores ha limitado el impacto de otros programas más progresivos.
El Gobierno actual ha priorizado la Pensión para Adultos Mayores, dejando estancados o reduciendo otros programas esenciales. De los 72 programas aprobados para 2024, solo seis tendrán incrementos significativos, mientras que muchos otros se mantendrán o reducirán en términos reales, afectando negativamente el desarrollo social en México.
