La desesperación crece tras agresión y abuso contra una mujer por individuos vinculados a Gabriel Montoya
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Altamirano, la violencia de Gabriel Montoya Oseguera y el Movimiento 14 de Agosto persiste, lo que revela una vez más su influencia. La reciente denuncia de un secuestro, que involucra a Epifanio Alfonso Moreno, ha expuesto un patrón alarmante de abuso y manipulación por parte de figuras políticas locales. Moreno, quien afirmó haber sido forzado a cometer el delito bajo amenazas de represalias contra su familia, ejemplifica la intensidad del control y el miedo que ejerce el grupo sobre la comunidad.
El secuestro de una mujer con huellas evidentes de tortura ha puesto en el centro del debate la problemática de la corrupción y la falta de justicia en la región. El padre de la víctima denunció que Montoya Oseguera, junto con la regidora Mayra López y su esposo Samuel, alias “Los Tachos”, están detrás de este acto violento. Este testimonio no solo pone de relieve la implicación directa de figuras de poder, sino también la ineficacia de las autoridades locales en enfrentar estas atrocidades.
El contexto de desestabilización es palpable, toda vez que la disputa política y el control de recursos se entrelazan con el terror que estas bandas imponen a la población. La manipulación de Moreno, obligándolo a actuar bajo amenaza, ilustra cómo la violencia no solo se dirige hacia víctimas directas, sino que también se utiliza como herramienta de coerción y dominación sobre la sociedad en general.
Es esencial que las autoridades federales y estatales intervengan con urgencia para frenar esta espiral de violencia y corrupción. La Fiscalía General del Estado (FGE) debe llevar a cabo una investigación rigurosa para desmantelar las redes criminales que operan con impunidad. La gente de Altamirano clama por justicia, y solo a través de una acción decidida se podrá restaurar la confianza y la seguridad en una región que ha sufrido en silencio por demasiado tiempo.
En última instancia, el caso de Altamirano subraya la necesidad de un sistema de justicia más robusto y efectivo. La presión sobre las autoridades para actuar y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias es crucial para romper el ciclo de violencia que ha devastado a la comunidad y permitir que los habitantes vivan en paz y seguridad.
