Exigen al alcalde electo evitar el nombramiento de un funcionario con antecedentes legales e irregularidades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En una escena que refleja las tensiones laborales y políticas en Tapachula, el exdirector del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), César Antonio García Jiménez, ha demandado al ayuntamiento por un monto de casi dos millones de pesos por despido injustificado. Este reclamo, registrado en la Junta de Conciliación y Arbitraje No. 2, ha sacudido el ámbito local, dado que García Jiménez ha sido propuesto para retomar el mismo cargo en la próxima administración de Yamil Melgar Bravo.
La controversia se agudiza al ser García Jiménez el primer director en la historia de Coapatap que ha llevado un conflicto laboral hasta las instancias judiciales, lo que pone en el centro del debate la idoneidad de su reelección. La demanda no solo cuestiona su despido, sino también expone una serie de irregularidades y tensiones que han emergido durante su gestión anterior, incluyendo problemas con el pago de impuestos retenidos y otros laudos laborales.
Integrantes del Sindicato de Trabajadores de Coapatap han expresado su descontento y preocupación por la posible reincorporación de García Jiménez al puesto. Argumentaron que el regreso de García Jiménez significaría una mala decisión para la administración del agua en Tapachula. Señalaron que designar a un funcionario con un conflicto abierto contra el ayuntamiento podría agravar las tensiones y perpetuar problemas no resueltos.
La propuesta de reelección de García Jiménez se convirtió en un desafío para el alcalde electo, Yamil Melgar Bravo, quien deberá decidir si mantiene el curso en la administración de Coapatap o si opta por una nueva dirección para evitar más conflictos. La decisión no solo impactará en la operación del organismo operador del agua, sino que también influirá en la percepción pública de su gestión y en la estabilidad laboral de los empleados del organismo.
El próximo alcalde tendrá que balancear las necesidades operativas del Coapatap con las demandas y preocupaciones de los trabajadores y del ámbito judicial. La resolución de este conflicto será clave para determinar el rumbo futuro de la gestión del agua en Tapachula y para sentar precedentes sobre cómo se manejan las disputas laborales en el sector público.