La población se encuentra bajo asedio y sin acceso a servicios básicos debido al aumento de violencia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En el municipio de Frontera Comalapa, el recrudecimiento de la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) alertaron sobre una nueva amenaza: el reclutamiento forzado por parte de grupos delincuenciales. Los residentes, atrapados en un ambiente de terror, enfrentan un doble desafío: la constante amenaza de la delincuencia organizada y la indiferencia de las autoridades.
Las ONG’s, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), han documentado un preocupante aumento en las prácticas de reclutamiento forzado en la región. Según informes recientes, las células delictivas llevan a cabo visitas casa por casa, imponiendo su control a través de amenazas y chantajes. Los habitantes, en su desesperación, se ven obligados a colaborar con los criminales, puesto que de lo contrario enfrentan castigos físicos, extorsiones y desplazamientos forzados.
Esta situación crítica no solo refleja una violación grave de los derechos humanos, sino también una evidente falla en la respuesta de las autoridades. A pesar de la presencia cercana de fuerzas como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), los residentes reportaron una falta de acción efectiva por parte de estas instituciones. La inercia de las autoridades ha permitido que los grupos delictivos ejerzan su control sin obstáculos, lo que intensifica el clima de miedo y desesperanza.
Las ONG’s han solicitado la intervención urgente del Gobierno federal para implementar un corredor humanitario que permita a la población escapar del asedio de los grupos criminales. Sin una respuesta rápida, la crisis en Frontera Comalapa podría escalar aún más, que afectaría no solo a los residentes de este municipio, sino también a las comunidades vecinas en la región.
La situación en Frontera Comalapa es un reflejo de la creciente violencia en Chiapas y el fracaso en la protección de los derechos humanos. La presión de las ONG’s para una acción gubernamental efectiva es crucial para detener el ciclo de violencia y brindar alivio a una población que se encuentra en una encrucijada desesperada.
