La falta de acceso a educación, salud y seguridad agravan el atraso social y desarrollo en chiapanecos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En el bicentenario de su federación con México, Chiapas muestra un contraste inquietante entre su potencial y su realidad social. Aunque el estado destaca por su belleza natural y una significativa producción agrícola, la pobreza y la marginación persisten a niveles alarmantes. Alrededor del 75 por ciento de sus habitantes vive en condiciones de pobreza, lo que exhibe un rezago que se acentúa en áreas cruciales como educación, salud y seguridad.
Chiapas lidera las estadísticas de rezago educativo en México. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, el 47.9 por ciento de la población joven y adulta enfrenta serias carencias educativas. Este déficit se manifiesta en la alta tasa de analfabetismo y en un 21.2 por ciento de jóvenes que no han completado la secundaria. Estas cifras reflejan un problema educativo y el estancamiento en el desarrollo personal y profesional de los chiapanecos.
El sistema de salud en Chiapas enfrenta una crisis aún más profunda. La cobertura de atención médica pasó de afectar al 17.6 por ciento de la población en 2018 a un impactante 66.1por ciento en 2022, lo que implica que cerca de 3.7 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos. Este grave déficit en la atención médica agrava las condiciones de vida ya precarias, esto eleva la vulnerabilidad de la población a enfermedades y complicaciones de salud.
La violencia es otro problema que se suma a esta compleja situación. La disputa entre grupos delincuenciales ha intensificado el clima de inseguridad en diversos municipios. Delitos como homicidios, lesiones y feminicidios se han vuelto comunes. La inseguridad ha alcanzado niveles críticos en localidades como Tapachula y Motozintla, donde la presencia de grupos armados y la falta de intervención efectiva incrementa el temor de los residentes.
Chiapas arrastra problemas estructurales que parecen inamovibles. La combinación de pobreza extrema, deficiencias educativas, crisis sanitaria y violencia desenfrenada pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas integrales y un compromiso real por parte de las autoridades para transformar esta realidad.
