La desinformación sobre dicha iniciativa contribuye a unabaja en denuncia por violencia política, señalaron activistas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La Ley 3 de 3, diseñada para impedir que agresores y deudores alimentarios ocupen cargos de elección popular, aún enfrenta un proceso de consolidación que deja importantes vacíos en su aplicación. La directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Lucía Lagunes, señaló que estos vacíos han permitido que algunos violentadores logren inscribirse como candidatos, exponiendo la fragilidad de la legislación en su etapa inicial.
Lagunes destacó que la Ley 3 de 3 abre un debate público esencial sobre quiénes deben ser considerados aptos para ocupar cargos de representación popular. Cuestionó si en realidad se quiere que personas con antecedentes de violencia en sus hogares o incumplimiento de obligaciones alimentarias representen a la sociedad desde el ámbito público. “La ley debe funcionar como una barrera ética”, subrayó, “que nos permita filtrar a aquellos que no deberían estar en el poder debido a su historial de violencia y agresión”.
La conversación también giró en torno a la falta de denuncias de mujeres víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG). Según Lagunes, una de las razones de esta falta de denuncias es la desinformación sobre los procedimientos establecidos por la Ley tres de tres. “Es fundamental socializar las reglas y procesos de la ley para que las víctimas sepan cómo y dónde acudir”, afirmó.
La directora de CIMAC también hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre el uso de sus impuestos en sostener a funcionarios con antecedentes de violencia. “Nos corresponde a todos, como ciudadanos, cuestionarnos si queremos que nuestros impuestos financien a personas que, más allá de sus habilidades políticas, tienen un historial de agresión y violencia”, apuntó.
El futuro de la Ley 3 de 3 dependerá no solo de su consolidación en el marco jurídico, sino también del grado de involucramiento ciudadano para exigir su correcta aplicación. Para Lagunes, es imperativo que la sociedad no solo entienda la ley, sino que la utilice como una herramienta para depurar a quienes no deberían ostentar cargos públicos, promoviendo una política más ética y justa.
