Los pobladores hicieron un llamado a las tres órdenes de Gobierno y advirtieron que no tolerarán más abusos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Con pancartas que claman justicia, la comunidad de Altamirano ha decidido alzar la voz contra lo que consideran una ola de violencia desatada por Gabriel Montoya Oseguera. En esta ocasión, se trató de rechazar la violencia y la impunidad que, según los habitantes, han asolado su tierra. El presidente electo, Gaspar Sántiz, exigió a las autoridades estatales y federales, que intervengan con urgencia para frenar la escalada de agresiones que, denuncian, ha sido dirigida por Oseguera.
La tensión se ha elevado tras los recientes ataques contra Jorge Luis Jiménez, Carmelo Vázquez, Fernando López, y Simeón Sánchez, quienes fueron agredidos en sus propios domicilios por hombres armados. Para la comunidad, estos crímenes no son actos aislados, sino parte de un patrón de intimidación y venganza. Acusan a Montoya de buscar desestabilizar el municipio, impidiendo que la planilla electa tome posesión el próximo primero de octubre, a fin de mantener su control sobre la región.
Para muchos en Altamirano, este momento es un punto de inflexión. La comunidad ha manifestado que no aceptará la repetición de los engaños y abusos de poder de hace tres años. Esta vez, están decididos a resistir. “No vamos a permitir más atropellos”, advirtieron, organizándose no solo para defender sus derechos, sino para demandar que Montoya y sus cómplices enfrenten las consecuencias de sus acciones.
La lucha de Altamirano, sin embargo, trasciende su propio territorio. La demanda de justicia es también un mensaje al Gobierno estatal y federal: es una prueba de su voluntad para proteger a los ciudadanos de la violencia política y para mantener el Estado de Derecho. Si las autoridades no responden a este llamado, la legitimidad de sus promesas de seguridad y justicia quedará en entredicho.
Mientras tanto, el pueblo de Altamirano se mantiene firme, decidido a no ser silenciado una vez más. “Ya no somos los mismos”, dicen, seguros de que esta vez su lucha no será en vano. La comunidad se prepara para lo que venga, convencida de que la justicia es un derecho que no puede esperar más.
