Una gran parte de los viajeros es regresada por presentar papeles alterados emitidos por agentes del INM
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La corrupción se extiende sobre el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, donde una alarmante práctica ha salido a la luz: la venta de documentación falsa a migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. Este fenómeno ha cobrado notoriedad tras las recientes denuncias de activistas y afectados, quienes acusan a algunos agentes del INM de explotar la disponibilidad de citas de CBP One para lucrar con quienes buscan regularizar su situación migratoria.
Según los testimonios, los agentes engañan a los migrantes, llevándolos a Tuxtla Gutiérrez bajo el pretexto de obtener citas auténticas de CBP One. Una vez allí, se les ofrece la opción de viajar en autobús o en avión, con tarifas que varían entre mil y cinco mil dólares, dependiendo del medio de transporte. Sin embargo, lo que muchos no saben es que las citas proporcionadas son fraudulentas.
La magnitud del problema es considerable. La apertura reciente de CBP One ha provocado un aumento significativo en el flujo de migrantes hacia el norte de México. Debido a la imposibilidad de verificar cada documento, los puntos de revisión se han convertido en una herramienta crítica para detectar fraudes. Sin embargo, se estima que solo el 20 por ciento de los casos de documentación falsa son detectados, lo que deja un 80 por ciento de migrantes con papeles apócrifos pasar por los filtros sin ser detectados.
La gravedad de la situación ha llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar investigaciones para desmantelar esta red de corrupción. Además, se sospecha que esto podría involucrar a agentes de la Unión Americanade CBP, que colaboran con los agentes del INM para facilitar estos fraudes.
Este escándalo no solo pone en evidencia la corrupción dentro del instituto, sino que también resalta la vulnerabilidad del sistema migratorio en la región. La venta de documentos falsos no solo engaña a los migrantes, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de regular la migración, poniendo en riesgo la integridad del proceso de regularización migratoria.
