Pese al inicio del ciclo escolar, la violencia en varios municipios ha mantenido a la mayoría de
instituciones cerradas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Mientras la violencia persiste en la Sierra de Chiapas, el regreso a clases ha sido limitado. De los
más de dos mil centros educativos de nivel básico y medio superior en la región, apenas 40 han
abierto sus puertas, y lo han hecho de forma intermitente. Esta realidad reveló un escenario en el
que la educación se encuentra en segundo plano ante la urgencia de garantizar la seguridad.
Los docentes que han retomado actividades, en su mayoría en municipios como Motozintla y
Mazapa de Madero, lo han hecho con un temor latente. A pesar de una aparente calma temporal
en estos lugares, el riesgo sigue presente, en especial en las escuelas de nivel medio superior,
donde el miedo al reclutamiento forzado por grupos criminales ha paralizado por completo el
inicio de clases. Los maestros y directivos se han visto obligados a coordinar con los padres de
familia para reaccionar ante cualquier indicio de violencia.
Los acuerdos entre comunidades educativas no solo reflejan un deseo de volver a la normalidad,
sino también la desesperación de encontrar soluciones en un entorno de amenazas constantes.
Las autoridades locales brillan por su ausencia, lo que deja a los docentes y familias en una
situación de autogestión, en la que deben decidir cómo y cuándo exponer a sus hijos al riesgo de
asistir a clases.
La resistencia de los maestros a hablar sobre el tema, por temor a represalias, evidencia un clima
de intimidación que se extiende más allá de las aulas. Cada día en que las escuelas permanecen
cerradas o en funcionamiento de manera irregular, se pierde una oportunidad de aprendizaje, y
con ella, la esperanza de los estudiantes de un futuro menos incierto.
El caso de la Sierra de Chiapas es evidencia de cómo la violencia puede detener la educación,
transformar las dinámicas sociales y vulnerar a comunidades enteras. En un entorno donde solo 40
escuelas han regresado a clases, es notable que el conflicto ha desbordado la capacidad de
respuesta del sistema educativo y de las autoridades.
