Mientras autoridades luchan por contener la situación, Guatemala se ha convertido
en un refugio temporal
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En las últimas semanas, el estado de Chiapas, México, ha sido testigo de una escalada
de violencia que ha traspasado fronteras, afectando tanto a las comunidades locales
como a Guatemala. El conflicto entre grupos criminales, ha intensificado los
asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos, dejando a las
poblaciones atrapadas en un estado de terror constante.
Uno de los incidentes más recientes y preocupantes ocurrió durante la última semana
de agosto, cuando una organización desconocida instaló de manera ilega un retén en
Huehuetenango, Guatemala, cerca de la frontera con México. Este acto marcó la
primera vez en que el crimen organizado en México estableció control en territorio
guatemalteco. Según reportes del diario Milenio, en el municipio de Santa Eulalia,
vehículos y personas fueron detenidos y revisados en este punto, lo que puso en alerta
a las autoridades guatemaltecas.
El Ejército de Guatemala, al recibir informes sobre la presencia del retén, desplegó de
inmediato una unidad de la Base de Operaciones para Montaña con el objetivo de
evitar que se repitan estos actos. No obstante, este suceso es un claro indicio de la
creciente influencia de las células delictivas mexicanas en regiones fuera de México y
de cómo la violencia se extiende más allá de las fronteras.
Mientras tanto, en México, el 12 de septiembre, las fuerzas de élite de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Guardia Nacional (GN), lograron
la captura de Marco Aurelio Hernández, alias “El Peligro”. Este exagente ministerial de
Chiapas operaba para asociaciones delictivas de México y Guatemala, una facción que
disputa el control del estado y la frontera sur con otra poderosa organización.
Hernández fue arrestado en el municipio de Villaflores, Chiapas, en un operativo que
pretende debilitar a las organizaciones criminales que mantienen a la región bajo un
constante asedio.
La creciente violencia ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares. En un
desesperado llamado por la paz, el 13 de septiembre, miles de católicos de las diócesis
de San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez marcharon en la capital de Chiapas. Los
obispos alzaron la voz, denunciando que las comunidades locales están siendo
utilizadas como escudos humanos, forzadas a colaborar en retenes y a pagar cuotas
impuestas.
Esta situación ha forzado a muchos chiapanecos a abandonar sus tierras, dejando atrás
su patrimonio, en búsqueda de refugio en Guatemala. Desde finales de 2023, las
diócesis chiapanecas ya habían advertido sobre el creciente desplazamiento forzado a
consecuencia de los enfrentamientos. En agosto de 2024, más de 300 mexicanos
cruzaron hacia Cuilco, Huehuetenango, huyendo del conflicto en la frontera.
Las autoridades guatemaltecas, en coordinación con organismos internacionales como
Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han brindado
asistencia humanitaria a los desplazados mexicanos. A pesar de la falta de
reconocimiento formal del desplazamiento forzado por parte del Gobierno de México,
Guatemala ha otorgado estatus de permanencia provisional a los refugiados,
permitiéndoles acceder a servicios básicos y regularizando su situación migratoria.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que, hasta finales de agosto, un total
de 21 mexicanos refugiados en Cuilco, Huehuetenango, había recibido el estatus de
permanencia provisional en el país. Esta categoría les otorga protección internacional,
permitiéndoles, además, obtener permisos de trabajo, abrir cuentas bancarias y
avanzar en su proceso de legalización.
Además, el estatus de permanencia provisional, que inicialmente se otorgó a 279
mexicanos por razones humanitarias, ha sido renovado para 127 de ellos, quienes
solicitaron prórrogas para continuar su estancia en Guatemala.
El conflicto en la frontera sur de México sigue agravándose, mientras los grupos
delictivos ejercen un control cada vez mayor en Chiapas. A pesar de los esfuerzos del
Gobierno mexicano por garantizar el retorno seguro de los desplazados, la violencia
persistente se ha convertido en una barrera casi insuperable.
El desplazamiento forzado aún no ha sido reconocido formalmente por el Gobierno de
México, que se refiere a las víctimas como personas “en situación de vulnerabilidad”.
Sin embargo, el éxodo hacia Guatemala continúa, y las autoridades locales, junto con
organismos internacionales, hacen lo posible para brindarles un refugio temporal en
medio del caos.
La violencia en Chiapas no solo afecta a sus ciudadanos, sino que también ha generado
una crisis migratoria en Guatemala. El crimen organizado ha extendido su presencia y
control territorial más allá de las fronteras, lo que ha forzado a cientos de personas a
huir para salvar sus vidas. Mientras las autoridades mexicanas luchan por contener la
situación, Guatemala se ha convertido en un refugio temporal para quienes escapan
de la violencia. Sin embargo, el futuro de estos desplazados es incierto, y la necesidad
de una solución duradera sigue siendo urgente.
La violencia en el sur de México continúa escalando, ahora marcada por un conflicto
abierto entre los principales grupos delictivos que operan en la región. El más reciente
episodio se desencadenó en Villaflores, Chiapas, donde organizaciones del crimen
originarias de Chiapas y Guatemala lanzaron un desafío directo a otra proveniente del
norte del país, ello mediante un video ampliamente difundido en redes sociales. En el
mensaje, casi una treintena de hombres armados con rifles de asalto se formaron en
una carretera del municipio, dejando claro su control territorial y lanzando consignas
contra su principal rival. La advertencia estaba dirigida a Jesús Esteban Machado Meza,
alias el ‘Güero Pulseras’, líder de una célula criminal con operatividad en la región.
Este desafío marca una nueva etapa en la guerra territorial entre el crimen organizado
en Chiapas, que ha venido intensificándose en los últimos años. Lo que antes parecía
ser un dominio exclusivo ha sido erosionado por la incursión de otras organizaciones
criminales.
La rivalidad entre las organizaciones criminales en Chiapas no es nueva. Durante los
últimos tres años, estos grupos se han disputado violentamente el control de las rutas
estratégicas para el tráfico de estupefacientes y personas en la región fronteriza con
Guatemala. La célula, que había dominado tradicionalmente la zona, se enfrenta ahora
a la creciente influencia de nuevas agrupaciones, que buscan desplazar a sus
competidores y establecer un control más amplio en el sur del país.
El pasado 11 de septiembre, la violencia alcanzó un punto crítico cuando un operativo
de las fuerzas de seguridad en Villaflores resultó en la captura de Marco Aurelio ‘El Peligro’,
también conocido como ‘El Correcaminos’, un líder de alto nivel en la región.
Junto a él, fueron arrestados ocho de sus colaboradores, lo que representó un duro
golpe para la estructura criminal en la zona.
‘El Peligro’ es una figura central en las operaciones delincuencial en el sur de México, y
su captura no solo significó una victoria táctica para las autoridades, sino que también
incrementó la tensión entre agrupaciones rivales. Poco después de su arresto, grupos
delictivos emitieron un comunicado en redes sociales, en el que ofreció disculpas por
las balaceras recientes en la zona, pero aprovechó la ocasión para lanzar acusaciones
graves contra las autoridades locales.
En su comunicado, no solo desafiaron al ‘Güero Pulseras’, sino que también declararon
su control absoluto sobre los municipios de Villaflores y Villacorzo. Según la
organización criminal, su objetivo no es generar caos, sino “defender” sus territorios
de aquellos que buscan invadirlos. Al mismo tiempo, el CCyG acusó a miembros
corruptos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de facilitar la
entrada de las células rivales.
El mensaje culminó con una advertencia directa: no permitirán que otras
organizaciones criminales tomen el control de sus territorios. Esta afirmación refuerza
la idea de que los enfrentamientos no solo continuarán, sino que probablemente se
intensificarán en los próximos meses. La violencia en Chiapas, que ya ha provocado un
número significativo de muertes y desplazamientos forzados, sigue creciendo de
manera alarmante, sin que las autoridades federales y estatales logren contener el
conflicto.
El conflicto en Chiapas es aún más complejo debido a la intervención de las
organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Expandiendo
agresivamente su presencia en varios estados del país, y ahora busca consolidar su
control en la región sur, desafiando a las viejas estructuras de poder.
La captura de líderes como ‘El Peligro’ y las continuas alianzas entre grupos rivales solo
han exacerbado la situación en el sur de México. Las autoridades enfrentan el reto de
controlar una guerra territorial que involucra no solo a las principales agrupaciones
delictivas del país, sino también a fuerzas locales que buscan su propio beneficio en
medio del caos. Mientras tanto, las comunidades de Villaflores, Villacorzo y otras
localidades de Chiapas viven con el miedo constante de verse atrapadas en el fuego
cruzado entre estos grupos del crimen organizado.
El futuro del conflicto en la región es incierto, pero una cosa está clara: el desafío
lanzado es solo el inicio de una escalada aún mayor de violencia.
