Además de denuncias por malos manejos en recursos públicos, no cuentan con mecanismos de transparencia
PORTAVOZ/AGENCIAS
A pesar de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó la entrega directa de apoyos sociales para evitar intermediarios y corrupción, beneficiarios de La Escuela Es Nuestra (LEEN) acusan a los servidores de la nación de robarse el dinero destinado para mejorar las escuelas del país y aseguran haber sido amenazados e intimidados para entregar los recursos públicos.
En algunos casos, servidores de la nación -en colusión con padres de familia- han inflado los precios de las obras y equipamiento adquirido para dividirse el dinero. También, han impuesto a familiares y conocidos para hacer los trabajos y hasta mentido a las comunidades escolares asegurando que las escuelas no fueron beneficiadas, aunque los recursos ya habían sido retirados del Banco del Bienestar y distribuidos entre ellos.
En las reglas de operación del programa se aclara que la participación de los servidores de la nación -a quienes se les identifica como Facilitadores Autorizados (FA)- se limita a orientar a los padres de familia para que conformen sus comités y estar pendientes por si se tienen dudas sobre la aplicación del recurso público.
Cómo se gasta el dinero, qué obras se realizan, a quiénes se contrata para ello y la rendición de cuentas a las comunidades escolares es una responsabilidad exclusiva de los padres de familia que conformaron los comités, sin embargo, aprovechándose del desconocimiento de la operación del programa, los servidores de la nación se han presentado como los representantes del Gobierno a quienes se les debe consultar cómo gastar el recurso y validar la rendición de cuentas.
Testimonios recabados por Animal Político coinciden en que los servidores de la nación se han aprovechado de los padres de familia y los han amedrentado en que si no les dan acceso a las tarjetas en donde se deposita el dinero, los acusarán de robo y demandarán ante las autoridades. Incluso, les exigen los remanentes que quedan en las tarjetas y que no se gastaron en la ejecución de las obras, porque de lo contrario los amenazan con que las escuelas no volverán a ser beneficiadas.
ACUSACIONES POR MALOS MANEJOS
A pesar de que delegados del Bienestar en el país han aceptado tener conocimiento de malos manejos de los recursos públicos y de que padres de familia compartieron a este medio cartas que han ingresado a las oficinas de Bienestar estatales para denunciar las irregularidades, tanto la Secretarías de Educación como Bienestar aseguraron -vía transparencia– que no tienen ninguna denuncia o queja a cuatro años de implementación de este programa.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública informó -también vía transparencia– haber recibido 606 denuncias por el mal manejo de recursos del programa La Escuela Es Nuestra, uno de los programas prioritarios de López Obrador.
SIN INTERMEDIARIOS, PERO SIGUE LA CORRUPCIÓN EN PROGRAMAS
A finales de 2019 el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el programa La Escuela Es Nuestra con el objetivo de dar mantenimiento a las poco más de 198 mil escuelas de educación pública del país.
Para ello dispuso que se formaran comités de padres de familia quienes recibirían los recursos y decidirían en qué ocuparlos. Podrían ser obras mayores como construcción de nuevas aulas, techos, patios, bardas, etc, o bien, la compra de mobiliario como mesas, pupitres, pizarrones y demás.
Los recursos que se entregaron -dependiendo de la matrícula de cada escuela- oscilaban entre los 200 mil y los 600 mil pesos, dinero que se transfería directamente a una cuenta que se abría a nombre de la tesorera del comité de padres de familia en el Banco del Bienestar.
A través de este mecanismo se evitarían los intermediarios, sin embargo, a la postre se confirmó que la eliminación de los intermediarios no significó la eliminación de las prácticas de corrupción.
Aunque solo la tesorera del comité tiene acceso a los recursos, los servidores de la nación se adjudicaron responsabilidades que no les corresponden y que se ha traducido no solo en el mal uso de los recursos públicos de este programa social, sino también, en la fractura de las comunidades escolares y hasta de las comunidades.
Animal Político habló con miembros de comités escolares en distintos estados del país y en todos los casos coincidieron en que haber participado en el programa no fue como lo esperaban porque rápidamente comenzaron las presiones por parte de los servidores de la nación, los directores y hasta los maestros de las escuelas.
DESCONOCEN AUTORIDADES EN QUÉ SE GASTARON LOS RECURSOS
Además de las denuncias por malos manejos de los recursos públicos, el programa La Escuela Es Nuestra se ha caracterizado por ser una política pública carente de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, puesto que a la fecha se desconoce el destino de los 89 mil millones de pesos que se invirtieron durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recursos que seguirán creciendo, puesto que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que este programa continuará durante su Gobierno.
Vía transparencia, Animal Político solicitó a la SEP conocer en qué se utilizaron los recursos públicos dispersados directamente a los comités de padres de familia: cuáles fueron las obras y qué mobiliario se adquirió en los planteles educativos que, de acuerdo al Sexto Informe de Gobierno suman 128 mil 668 centros educativos en todo el país.
Sin embargo, la dependencia respondió que no tiene la obligación de contar con esa información.
Para obtener información sobre las obras realizadas y los montos erogados en cada plantel educativo —dado que no existe un diagnóstico de las condiciones de infraestructura de las escuelas— se pueden visitar los más de 128 milplanteles beneficiados y consultar físicamente la memoria de obras y la rendición de cuentas, que está bajo resguardo de los directores.
En 2022, el Gobierno de AMLO decidió eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo y dejar sin servicio de comida y horario extendido a 3.6 millones de estudiantes que para entonces eran beneficiarios, y se instruyó —a través de la modificación de las reglas de operación— que los apoyos dispersados para La Escuela Es Nuestra también se pudieran utilizar para comprar alimentos y pagar horas extra a los maestros.
Sin embargo, con el argumento de que los padres de familia son los únicos que deciden cómo usar el dinero, obviando la rendición de cuentas de los recursos públicos, la SEP también informó vía transparencia desconocer si algunos niños del país recibieron servicio de alimentación o clases en horario extendido con estos recursos.
