Los afectados piden espacios gratuitos o de bajo costo para quienes esperan en la intemperie
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, la realidad que enfrentan los familiares de pacientes hospitalizados fuera del Hospital Gilberto Gómez Maza revela un problema de fondo: el costo de servicios básicos fuera de las instalaciones médicas. Desde baños hasta la carga de celulares, cada necesidad se convierte en un gasto extra para quienes ya lidian con la angustia de cuidar a sus seres queridos. En un contexto de escasos recursos, estos cobros, aunque parezcan mínimos, suman una carga significativa que afecta sobre todo a familias de bajos ingresos.
Los familiares denuncian que el pago de 60 pesos diarios para rentar sillas o camastros, y cinco pesos por cada vez que entran al baño, les resulta excesivo. Estas tarifas se acumulan en el transcurso de días o semanas, lo que generauna presión económica insostenible para quienes provienen de municipios lejanos. Además, la falta de alternativas accesibles genera frustración, en especial entre aquellos que no pueden permitirse estos gastos recurrentes.
La carga económica no se limita a lo físico. Las familias también deben pagar por cargar sus teléfonos celulares, un servicio esencial en la actualidad para mantenerse en contacto con médicos o familiares. Sin embargo, el cobro de cinco pesos por tres minutos de carga, que apenas eleva el porcentaje de batería, es percibido como una forma de explotación que incrementa su vulnerabilidad.
Ante esta situación, la demanda de los familiares va más allá de una queja puntual: exigen que el Gobierno estatal implemente soluciones que aborden estas carencias. La creación de espacios accesibles y gratuitos alrededor de los hospitales públicos es una necesidad urgente para aliviar las cargas de estas familias. Medidas como baños gratuitos y zonas de descanso podrían representar un alivio económico y emocional para quienes enfrentan ya de por sí la dura situación de acompañar a un ser querido enfermo.
El reto ahora para las autoridades es reconocer que el impacto de estos cobros asciende hasta los mil pesos semanales y afecta el bienestar de quienes se ven obligados a permanecer fuera de los hospitales.