Organizaciones defensoras advirtieron sobre la creciente intimidación contra los comunicadores
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Chiapas se enfrenta a una alarmante crisis de libertad de expresión, donde el periodismo se convierte en una actividad de alto riesgo. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el estado ha sido designado como una “zona silenciada”. Esta situación crítica se visibiliza en el contexto del sexto aniversario del asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez, un caso que simboliza la vulnerabilidad de quienes se dedican a informar en esta región.
La creciente violencia y las amenazas hacia los periodistas han escalado a niveles inaceptables. El representante del CPJ, Jan-Albert Hootsen, ha destacado que los reportes de agresiones se han vuelto rutinarios, al reflejar una descomposición del ambiente en el que operan los comunicadores. “Estamos recibiendo avisos sobre intimidaciones cada semana”, enfatizó Hootsen, lo que subraya la necesidad de documentar y visibilizar la magnitud del problema.
El legado de Mario Gómez es un recordatorio de la impunidad que rige en el estado. A pesar de que existen condenas en su caso, la falta de claridad sobre los autores intelectuales de su asesinato ilustra cómo el sistema judicial ha fallado en proporcionar justicia. Esta impunidad no solo afecta a la familia de Gómez, sino que también envía un mensaje a otros periodistas: informar puede costar la vida.
Ante esta crisis, los periodistas en la entidad deben adoptar un enfoque proactivo en la documentación de las agresiones y amenazas. La acción colectiva es crucial para crear un registro que, aunque doloroso, se convierta en un recurso valioso para exigir a las autoridades que tomen medidas. Hootsen ha instado a los comunicadores a no dejar que los detalles de los ataques se pierdan.
La lucha por la libertad de prensa en Chiapas no es solo por el derecho a informar, sino un pilar fundamental para la región. Sin un entorno seguro para los periodistas, las voces de las comunidades que dependen de la información se verán ahogadas. Es imperativo que tanto la sociedad civil como los organismos internacionales presionen para que se tomen medidas concretas que protejan a los informadores.
