Urge que estos organismos gubernamentales actúen para proteger a mujeres en el ámbito político
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La Ley 3 de 3 en Chiapas enfrenta un desafío crucial: la necesidad de sentencias firmes por violencia política de género para poder descalificar a candidatos. La consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Gloria Esther Mendoza Ledesma,enfatizó que la mera inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas no es suficiente. La legislación exige que solo aquellos con sentencias definitivas sean impedidos para postularse, lo que subraya una importante laguna en la aplicación de la ley.
La consejera también destacó que la responsabilidad recae en las fiscalías del estado, que deben actuar con rapidez para obtener sentencias firmes. Sin estas, el impacto de la Ley 3 de 3 se ve mermado, y los perpetradores de violencia política continúan teniendo la oportunidad de postularse.
En respuesta a esta situación, el IEPC ha implementado una Unidad Técnica de Género y No Discriminación, que busca brindar apoyo a las mujeres que enfrentan violencia política. Esta unidad no solo ofrece orientación legal, sino que también se dedica a establecer lazos con aquellas mujeres que aún no han denunciado sus casos. Es un esfuerzo significativo para empoderar a las mujeres y fomentar su participación activa en la política.
A pesar de los esfuerzos, Mendoza Ledesma advirtió que la falta de un marco normativo robusto y de sentencias efectivas puede perpetuar la violencia política en Chiapas. La ley debe ir acompañada de acciones concretas por parte de las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de crear un entorno seguro para la participación política de las mujeres. La descalificación de candidatos involucrados en violencia política es fundamental para garantizar un proceso electoral justo y equitativo.
En última instancia, el éxito de la Ley 3 de 3 dependerá de la colaboración entre el IEPC, las fiscalías y otros organismos. Mendoza Ledesma hizo un llamado a la acción, al instar a las autoridades a priorizar la erradicación de la violencia política de género y asegurar que aquellos que han cometido tales actos enfrenten las consecuencias adecuadas.
