Este trágico incidente pone nuevamente de manifiesto los fallos estructurales en la
política migratoria mexicana
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El 1 de octubre de 2024, un trágico incidente sacudió Chiapas, dejando seis migrantes
muertos en un enfrentamiento con militares en el tramo carretero Villa Comaltitlán-
Huixtla. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, se han
identificado a cinco de las víctimas: una de nacionalidad hondureña, una peruana y tres
egipcias. Falta por determinar la identidad de una persona más. La muerte de estos
migrantes ha provocado indignación, tanto a nivel local como internacional, y ha generado
una fuerte respuesta de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que operan en
Chiapas.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 1 de
octubre, efectivos militares realizaban un reconocimiento terrestre en la carretera Villa
Comaltitlán-Huixtla. Durante su patrullaje, detectaron un vehículo tipo pick up que
circulaba a alta velocidad y que, al notar la presencia militar, trató de evadirlos. A
retaguardia del vehículo se desplazaban dos camionetas de redilas, vehículos
comúnmente utilizados por grupos delincuenciales en la región. Según la Sedena, los
militares escucharon detonaciones provenientes de los vehículos, lo que llevó a dos
elementos a disparar, deteniendo una de las camionetas.
En las camionetas, viajaban 33 migrantes de distintas nacionalidades, incluidos ciudadanos
de Egipto, Nepal, Cuba, India y Pakistán. El enfrentamiento dejó a cuatro migrantes
muertos en el lugar y a dos más que fallecieron en el Hospital General de Huixtla, donde
fueron trasladados junto a otros doce lesionados. 17 migrantes resultaron ilesos y fueron
puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
La Sedena afirmó que los dos militares responsables de disparar fueron separados de sus
funciones y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está a cargo de las
investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. La FGR también
desplegó un equipo a Tapachula, compuesto por agentes del Ministerio Público, policías,
peritos y psicólogos, para realizar las diligencias necesarias y recabar más información
sobre el caso.
La noticia del asesinato de los migrantes ha conmocionado a la comunidad internacional y
a las organizaciones defensoras de derechos humanos en México. La Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un
comunicado urgente instando a las autoridades mexicanas a realizar una investigación
exhaustiva e imparcial. En su pronunciamiento, la ONU-DH destacó los riesgos a los que se
enfrentan los migrantes que transitan por México, señalando la necesidad de crear vías
legales y seguras para su tránsito y protección.
“La violencia que enfrentan los migrantes en su trayecto por México es inaceptable. Este
lamentable incidente subraya la urgencia de implementar mecanismos que garanticen su
seguridad, respetando sus derechos humanos y evitando que tragedias como esta vuelvan
a ocurrir”, expresó el representante en México de la ONU-DH.
Asimismo, diversas ONG’s con presencia en Chiapas han alzado la voz en contra del uso
excesivo de la fuerza por parte de las autoridades militares. Organizaciones como el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Colectivo de Observación y
Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y la Red de Documentación de
Migrantes han exigido una investigación clara y la rendición de cuentas por parte de los
responsables.
María Jiménez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, afirmó: “No podemos permitir que los migrantes sean tratados como criminales o
como amenazas. Estas personas están en busca de una vida mejor y huyen de situaciones
de violencia y pobreza. La respuesta de las autoridades debe ser de protección, no de
represión”.
Por su parte, la Red de Documentación de Migrantes expresó su consternación ante lo
ocurrido, recordando que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de
violencia y vulneración de derechos que afecta a los migrantes en tránsito por México.
“Las autoridades mexicanas, en lugar de garantizar la protección de los migrantes, han
incrementado la militarización de las fronteras, lo que ha resultado en más muertes y
sufrimiento”, señaló la organización en un comunicado.
Chiapas, ubicado en la frontera sur de México, se ha convertido en un punto crítico para el
tránsito de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La región ha sido testigo de un
aumento significativo en la militarización de las operaciones de seguridad, lo que ha
generado tensiones con las comunidades locales y las ONG’s que trabajan en la protección
de los derechos de los migrantes.
La creciente violencia y la presencia de grupos armados en la región han exacerbado la
situación. La implementación de políticas migratorias más restrictivas en la frontera sur,
impulsadas en parte por presiones del Gobierno de Estados Unidos, ha resultado en un
endurecimiento de las acciones militares y policiacas en el área.
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en
el Sureste Mexicano han advertido repetidamente sobre las consecuencias negativas de
esta militarización. Según un informe reciente del colectivo, el despliegue de fuerzas
militares en la región ha llevado a un aumento en las violaciones de derechos humanos,
incluidos casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia contra
migrantes y comunidades indígenas.
“Lo que ocurrió el 1 de octubre es el resultado directo de una política de militarización que
no tiene en cuenta los derechos humanos. Los migrantes son vistos como una amenaza, y
las fuerzas militares están entrenadas para repeler amenazas, no para proteger a personas
vulnerables”, explicó Silvia Hernández, vocera del Colectivo.
En respuesta al incidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó lo
ocurrido durante su conferencia matutina el 3 de octubre. “Es un hecho lamentable que
debe ser investigado a fondo. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir”, afirmó
la mandataria, quien aseguró que ya dio instrucciones al general Ricardo Trevilla Trejo,
titular de la Sedena, para que se tomen las medidas necesarias y se sancione a los
responsables.
Sheinbaum también hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo una investigación
exhaustiva para determinar si hubo responsabilidad adicional por parte de los mandos
militares. “Es la Fiscalía la que debe investigar y deslindar responsabilidades, tanto de los
soldados que dispararon como de sus superiores, si es que hubo algún tipo de orden o
instrucción que llevó a este desenlace”, indicó.
El asesinato de los seis migrantes ha reavivado el debate sobre la política migratoria de
México y el uso de fuerzas militares en tareas de control fronterizo. ONG’s y expertos en
derechos humanos han señalado que, mientras el Gobierno mexicano continúe
priorizando la contención y el uso de la fuerza, los migrantes seguirán siendo vulnerables a
la violencia y a las violaciones de sus derechos.
“Este caso debe ser un llamado de atención para reformar el enfoque migratorio de
México. Necesitamos políticas que garanticen la seguridad de los migrantes y que
respeten los principios básicos de los derechos humanos”, declaró el experto en
migración, José Luis Martínez, en una entrevista reciente.
Martínez destacó la urgencia de crear mecanismos de protección efectivos y accesibles
para los migrantes en tránsito. “No se trata solo de sancionar a los responsables de este
incidente, sino de repensar el papel de las fuerzas armadas en tareas que deberían estar a
cargo de autoridades civiles capacitadas para proteger a personas en situación de
vulnerabilidad”, concluyó.
En este contexto, las ONG’s seguirán exigiendo justicia y presionando para que se
implemente una reforma en las políticas de migración y seguridad en la región, con el
objetivo de prevenir futuras tragedias.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha condenado
enérgicamente la brutal acción armada perpetrada por elementos del Ejército en el
municipio de Villa Comaltitlán la noche del 1 de octubre de 2024. En un hecho que ha
conmocionado a la comunidad nacional e internacional, seis personas en movilidad fueron
ejecutadas sumariamente, mientras que otras 12 resultaron heridas, todas viajaban en
una camioneta tipo redilas junto a un grupo de 33 personas de diversas nacionalidades.
En su comunicado, el Comité Digna Ochoa denunció no solo la desproporcionalidad de la
violencia ejercida por las fuerzas militares, sino también el silencio de la presidenta
Claudia Sheinbaum, quien hasta el momento solo ha abordado el tema debido a la presión
de la prensa y el impacto internacional que ha generado.
Organismos del Sistema de Naciones Unidas se han unido a la condena de este suceso,
exigiendo una investigación transparente y efectiva que conduzca a la sanción de los
elementos militares responsables. Según la versión oficial emitida tardíamente por la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los soldados respondieron a detonaciones al
observar tres vehículos en movimiento a alta velocidad. Sin embargo, el Comité pone en
duda esta explicación, citando imágenes que muestran a las víctimas envueltas en plástico
manchado de sangre, sin rastro de armas en el lugar. Los cuerpos no fueron levantados
hasta horas después del ataque, y la SEDENA reconoció los hechos públicamente hasta el
miércoles posterior, mientras que tanto Sheinbaum como el gobernador de Chiapas
mantuvieron un silencio absoluto.
El Comité subraya que este no es un hecho aislado. Es, aseguran, consecuencia directa de
la creciente militarización del país y del uso indebido de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública, incluyendo la contención de personas migrantes. La masacre en Villa
Comaltitlán recuerda otros episodios trágicos de violencia militar contra migrantes, como
el registrado en Pijijiapan el 31 de octubre de 2021, cuando una persona de nacionalidad
cubana murió y cuatro más resultaron heridas por disparos de la Guardia Nacional.
En este contexto, el Comité también denunció la extorsión sistemática a migrantes por
parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional, el
Ejército y policías estatales, quienes además protegen a redes de tráfico de personas.
Estas redes operan diariamente en rutas que atraviesan Chiapas, desde Tapachula hasta
Tuxtla Gutiérrez, exponiendo a los migrantes a la explotación, el abuso y la muerte.
Desde el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, se reiteró que estos hechos son producto
de una política migratoria centrada en la seguridad nacional, que privilegia la persecución
por encima de la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. El uso
de la fuerza militar para contener a los migrantes ha exacerbado un ambiente de violencia
e impunidad en el que los derechos de los más vulnerables son constantemente violados.
En diciembre de 2021, 55 migrantes murieron en Tuxtla Gutiérrez cuando el camión en el
que viajaban se accidentó. Estos episodios, asegura el Comité Digna Ochoa, son pruebas
irrefutables de la omisión del Estado en la protección de los derechos humanos y la vida
de las personas migrantes.
Ante estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha
emitido una serie de demandas urgentes:
- Investigación exhaustiva e imparcial: Se debe realizar una investigación que aclare los
hechos y las responsabilidades tanto de los soldados implicados como de la cadena de
mando que permitió este ataque. - Atención integral a las víctimas: Exigen que se brinde atención médica, psicosocial y
jurídica a los heridos y a las familias de los fallecidos, así como un tratamiento digno y
respetuoso a los cuerpos de los migrantes que perdieron la vida. - Reparación del daño: El Estado debe garantizar la reparación integral del daño, que
incluya medidas de restitución y garantías de no repetición. - Protección a las víctimas del INM: Se debe garantizar el respeto a los derechos de las 17
personas migrantes que quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración,
priorizando su situación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos por
encima de su estatus migratorio.
Este trágico incidente pone nuevamente de manifiesto los fallos estructurales en la
política migratoria mexicana y el costo humano que esto conlleva. Las víctimas de la
masacre en Villa Comaltitlán no son solo cifras, son personas que, huyendo de la violencia
y la pobreza, encontraron en México un Estado que les falló.
