Este próximo 15 de noviembre es la fecha límite para que el Ejecutivo federal entregue el paquete económico 2025
PORTAVOZ/AGENCIAS
La organización Mexicanos Primero llamó a las y los diputados a priorizar el presupuesto educativo de 2025, ello al advertir que se existe un déficit de cerca de 46,551 millones de pesos anuales para el mantenimiento de todas las escuelas de educación básica y media superior.
Al lanzar su campaña #ÉchaleunOjo al presupuesto, la organización en temas educativos sostuvo que debe ser prioridad para los diputados el garantizar una educación de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en escuelas que cuenten con lo básico para aprender.
Un estudio realizado por ellos estima que se necesitan 46mil 551 millones de pesos anuales para el mantenimiento de todas las escuelas, incluido el preventivo, como pintura general, impermeabilización oportuna, reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como la renovación de instalaciones eléctricas.
Esta cifra, añadió, equivale a 226 mil 232 pesos por escuela, mil 809 pesos por estudiante al año y 181 pesos mensuales por alumno.
“De nada sirve invertir en infraestructura si al año siguiente, los baños o instalaciones se deterioran o no pueden ser utilizados por falta de mantenimiento”, alertó la organización.
SIN CONTEMPLAR OTROS GASTOS
Asimismo, se dijo que esta proyección contempla el mantenimiento anual y mayor, que se debe realizar cada cinco años para garantizar la durabilidad de la infraestructura escolar.
No obstante, destacó que estos datos no incluyen el mantenimiento de equipos de cómputo, acceso a Internet, ni los costos por consumo eléctrico y de agua, debido a la falta de información suficiente sobre los consumos reales.
“Un mantenimiento adecuado previene riesgos como accidentes por fallas eléctricas o estructurales”, recalcó la organización.
Además de señalar que el análisis de la inversión en escuelas públicas no solo es un tema de presupuesto, sino de prioridades políticas y sociales, puesto que, dijo, se necesitan políticas educativas que aseguren el derecho a una educación de calidad, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor rezago social.
