Han incrementado los homicidios dolosos en municipios prioritarios, pese a nueva táctica de pacificación
Argenis Esquipulas/PORTAVOZ
El estado de Chiapas, históricamente conocido por su riqueza cultural y biodiversidad, está enfrentando una alarmante crisis de violencia. A pesar de que no figura entre las entidades con mayor incidencia de delitos de alto impacto, la escalada de homicidios dolosos en varios municipios ha encendido las alertas. En los primeros 100 días del nuevo Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, la estrategia de seguridad implementada en 12 municipios prioritarios ha resultado en un aumento del 237 por ciento en los homicidios dolosos.
Los municipios incluidos en la estrategia de seguridad —Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Pantelhó, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tila, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Palenque— han registrado un incremento sin precedentes en la incidencia de homicidios. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, mientras que en el primer semestre de 2023 se contabilizaron 89 homicidios dolosos en estas demarcaciones, entre enero y junio de 2024 la cifra ascendió a 211. Este aumento del 237 por ciento subraya la gravedad de la situación y desafía los esfuerzos iniciales del nuevo Gobierno para reducir los crímenes violentos en la región.
El total de 211 homicidios dolosos en estos 12 municipios representa el 57 por ciento de todos los asesinatos ocurridos en el estado de Chiapas durante el primer semestre de 2024, lo que significa que más de la mitad de los homicidios del estado se concentraron en estas áreas consideradas prioritarias por el Gobierno federal. Esta realidad pone en entredicho la efectividad de la estrategia de seguridad desplegada en la entidad.
Si bien Chiapas no ha sido históricamente un estado con altos índices de homicidios relacionados con el crimen organizado, la realidad está cambiando rápidamente. Según el diagnóstico oficial del Gobierno federal, los homicidios dolosos vinculados a la disputa entre grupos delictivos antagónicos están en constante crecimiento. La frontera sur, especialmente Tapachula y Suchiate, ha sido escenario de enfrentamientos entre células delictivas y bandas locales que se disputan el control de rutas clave para el tráfico de drogas, personas y mercancías ilegales.
En Tapachula, uno de los municipios más violentos del estado, los ciudadanos viven bajo una atmósfera de miedo constante, mientras que los cuerpos de seguridad han intensificado su presencia en los últimos días. Elementos del Ejército Mexicano han puesto en marcha puestos de revisión y operativos de seguridad en puntos estratégicos, en un intento por contener la violencia y recuperar el control territorial. Sin embargo, estas acciones aún no han logrado revertir la tendencia al alza en los homicidios.
El plan de seguridad implementado por el nuevo Gobierno federal para Chiapas no solo contempla la presencia militar y el despliegue de operativos, sino que también propone abordar las causas estructurales de la violencia. Según el documento oficial, se busca la construcción de paz a través del desarrollo comunitario y la implementación de programas sociales. Sin embargo, la complejidad de la situación en Chiapas exige más que intervenciones tradicionales. El contexto local, marcado por la pobreza, el desplazamiento forzado y las tensiones entre comunidades indígenas, exacerba la inseguridad y limita la efectividad de las políticas gubernamentales.
El aumento de homicidios en municipios como Pantelhó y Pueblo Nuevo Solistahuacán, históricamente afectados por conflictos internos y la presencia de grupos armados, sugiere que los esfuerzos del Gobierno federal para estabilizar estas zonas tendrán que ser reforzados con mayor inteligencia y un enfoque más integral. La presencia de autodefensas y la violencia entre facciones comunitarias agravan la situación, mientras que el narcotráfico y el crimen organizado aprovechan la fragilidad del estado para establecerse y expandirse.
A pesar de los esfuerzos recientes, la percepción de la población sobre la seguridad en los municipios prioritarios sigue siendo negativa. Organizaciones civiles han criticado la falta de resultados tangibles y exigen una mayor coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno para combatir eficazmente la violencia. La participación de fuerzas armadas, aunque necesaria, no ha sido suficiente para disuadir a los grupos criminales ni para devolver la paz a las comunidades.
Con un promedio de seis homicidios por cada 10 que ocurren en Chiapas concentrados en los 12 municipios prioritarios, el desafío para las autoridades es monumental. La presión recae sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que prometió resultados significativos en sus primeros 100 días. Sin embargo, la realidad en el terreno parece demostrar que la violencia ha superado las expectativas y que el camino hacia la paz en Chiapas será largo y complicado.
El estado de Chiapas enfrenta un aumento alarmante de homicidios dolosos, particularmente en los municipios considerados prioritarios por el Gobierno federal. Con un incremento del 237 por ciento en los homicidios en estas demarcaciones durante el primer semestre de 2024, la crisis de seguridad pone en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y combate a la violencia. Mientras los grupos delictivos continúan expandiendo su influencia en la región, la población chiapaneca espera respuestas más contundentes por parte de las autoridades.
Durante el pasado fin de semana, se vivió una jornada de violencia que dejó como saldo trágico la muerte de 10 personas en al menos tres municipios de Chiapas, posicionando a octubre como el segundo mes con más homicidios dolosos en 2024, solo por detrás de abril.
El primer suceso ocurrió el viernes por la mañana en la colonia 15 de Septiembre, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, cuando Renato Gerardo Figueroa y su hijo Aarón, de 11 años, viajaban en un vehículo Nissan Versa color gris con placas de Chiapas. Mientras se desplazaban, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra ellos y luego se dieron a la fuga. En este ataque, Renato perdió la vida en el lugar, mientras que su hijo resultó gravemente herido, con dos impactos de bala. A pesar de los esfuerzos médicos, el menor falleció 24 horas después.
Más tarde ese mismo día, un segundo homicidio tuvo lugar en la colonia San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, específicamente en la calle segunda oriente y 16 sur. Un joven migrante de nacionalidad venezolana fue asesinado con un arma blanca durante una riña. Este hecho generó alarma entre los residentes, quienes destacaron la escalada de violencia en la capital chiapaneca.
La violencia no cesó allí. Esa misma noche, un ataque armado cobró la vida de cuatro personas y dejó una más herida en la colonia Paso Limón, en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. El tiroteo, registrado en la intersección de la avenida Begonia y el boulevard Filiberto Mastuerzo, fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales. En las imágenes se observó cómo un grupo de hombres armados con rifles de alto calibre ejecutó a las víctimas, generando terror entre los vecinos de la zona.
El sábado por la noche, la violencia se trasladó al municipio de Chilón, en la comunidad de Xexalja, donde una pareja de adultos mayores fue brutalmente asesinada con machetes. Hasta el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso por este crimen, y los pobladores de la región exigen justicia ante la creciente inseguridad que enfrentan.
Finalmente, la jornada violenta concluyó en Tapachula, donde un hombre, encargado de un lavado de autos ubicado en la colonia Teófilo Acebo, fue víctima de una bala perdida que atravesó el techo del establecimiento, hiriéndolo gravemente en la cabeza. A pesar de haber sido trasladado a un hospital público, falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.
Estos hechos reflejan el alarmante incremento en la violencia que azota a Chiapas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el 30 de agosto de este año, la entidad había registrado ocho mil 946 casos de incidencia delictiva, una cifra que ha generado preocupación entre la población y las autoridades locales, quienes enfrentan el reto de frenar esta ola de inseguridad que parece no tener fin.
El reto es claro: Chiapas necesita soluciones urgentes y efectivas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de sus habitantes.
