Chiapas enfrenta una crisis de seguridad, lo que obliga a la intervención directa del Gobierno federal para contener más crímenes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El incremento del 237 por ciento en homicidios dolosos en 12 municipios de Chiapas, registrado en el primer semestre de 2024, es una señal alarmante para el nuevo Gobierno federal. Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, y otros municipios, han sido identificados como focos rojos debido a la escalada de violencia que afecta la vida diaria de sus habitantes, de acuerdo a los datos recopilados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Este aumento, que contrasta con los 89 homicidios del mismo periodo en 2023, refleja una tendencia creciente que ya no puede ser ignorada. Lo más preocupante es que estos 211 asesinatos representan más de la mitad de los homicidios totales en el estado, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de estos municipios y la incapacidad de las autoridades locales para controlar la situación.
La estrategia no solo se limitará a incrementar la presencia militar y policial, sino que también buscará abordar las causas estructurales que alimentan la inseguridad. Se plantean programas sociales y el desarrollo comunitario como herramientas para la pacificación. Sin embargo, es un desafío considerable revertir la violencia en áreas donde los conflictos se han intensificado a niveles preocupantes. Sin una solución integral, el esfuerzo puede quedarse corto ante la complejidad de la situación.
El despliegue de operativos de seguridad ya ha comenzado en algunas de las zonas más afectadas, pero la clave estará en la sostenibilidad de estas acciones. La falta de continuidad y coordinación ha sido un problema recurrente en intentos anteriores de pacificación. En este sentido, la administración federal se enfrenta a la tarea de generar un verdadero impacto, más allá de medidas temporales o reactivas que no logran frenar el aumento de homicidios a largo plazo.
Chiapas, visto como una región con problemas sociales más que de violencia, está ahora bajo el escrutinio nacional por su alta incidencia de homicidios. La capacidad del Gobierno para detener esta tendencia no solo definirá el futuro de 12 municipios, sino también marcará un precedente sobre la efectividad de la nueva estrategia de seguridad a nivel nacional.
