La violencia política de género persiste, mientras presidentas municipales son acompañadas y opacadas por hombres
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La toma de protesta de las 123 nuevas presidencias municipales en Chiapas el pasado 1 de octubre, de las cuales 22 están encabezadas por mujeres, representó un paso hacia la paridad de género en la política local. Sin embargo, la realidad de estas alcaldías reveló una problemática de fondo: muchas de estas mujeres están siendo desplazadas por figuras masculinas que, bajo pretextos de usos y costumbres, asumen el control del Gobierno municipal.
El caso de Angélica Méndez en Ocosingo, donde el síndico municipal Martín Martínez Díaz ha tomado el protagonismo en actos públicos, es un ejemplo de esta persistente dinámica. A pesar de que Méndez fue elegida y tomó protesta como alcaldesa, su papel parece reducido a una figura simbólica mientras el verdadero poder recae en un hombre. Esta situación no es aislada; en Aldama, y en Amatenango del Valle, se vive la misma problemática.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha alertado sobre esta situación y ha brindado capacitaciones a las alcaldesas para que puedan ejercer sus funciones conforme a la ley y evitar ser relegadas. Sin embargo, la sombra de la violencia política en razón de género persiste. El fenómeno de las llamadas “Juanitas” o “Manuelitas”, donde mujeres electas renuncian para dejar el cargo en manos de hombres, sigue siendo una práctica que, aunque ilegal, aún ocurre de forma encubierta en varios municipios.
Este desafío para la equidad de género en la política municipal plantea preguntas sobre la efectividad de las leyes actuales y la capacidad de las instituciones para garantizar que las mujeres puedan ejercer el cargo para el que fueron electas. Las alcaldesas enfrentan una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
La paridad de género en las elecciones es un avance indiscutible, pero la realidad para muchas de estas mujeres es que sus derechos siguen siendo vulnerados bajo la excusa de las tradiciones. Mientras tanto, el IEPC promete mejorarpara asegurar que el principio de paridad no sea solo un mandato legal, sino una realidad en todos los órdenes del Gobierno local en Chiapas.
