Desconocidos han sobrevolado drones y construido chozas en terrenos de la organización, aumentando tensiones
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El asedio sobre las tierras zapatistas en Chiapas ha escalado a niveles preocupantes, con ataques directos a comunidades autónomas, que han generado un clima de tensión y violencia. En el poblado 6 de Octubre, perteneciente al Gobierno Autónomo Local (GAL) en Ocosingo, personas armadas han irrumpido en las tierras recuperadas por zapatistas, para instalar chozas y sembrar el miedo entre los habitantes, según denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Este ataque se suma a una serie de incursiones y amenazas que comenzaron desde junio de este año.
Los ataques no han sido actos aislados. El Frayba informó que estas incursiones fueron realizadas por personas desconocidas que portaban armas de fuego, quienes intimidaron a las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además de las amenazas directas a los habitantes, los atacantes han documentado la zona con recorridos que crean una atmósfera de constante acecho en la comunidad.
En medio de estas intimidaciones, dos pobladores fueron amenazados para abandonar la comunidad bajo advertencia de que serían expulsados por la fuerza si no accedían. La comunidad, fiel a sus principios de resistencia pacífica, no ha respondido a las agresiones, pero la situación se ha agravado con la presencia de un dron que volaba sobre la comunidad durante la noche del 30 de agosto.
Septiembre fue un mes de escalada en las incursiones, puesto que el 3 de septiembre un grupo armado llegó al poblado 6 de Octubre, esta vez con una mayor organización. Cerca de 100 personas, transportadas en 10 vehículos, ingresaron al territorio, donde comenzaron a despejar terreno y a construir chozas cercanas a las viviendas zapatistas.
El contexto actual refleja un patrón de agresiones hacia las comunidades autónomas zapatistas, que enfrentan no solo el despojo de sus tierras, sino una continua amenaza a su autonomía y seguridad. Las autoridades, tanto oficiales como de los gobiernos autónomos, deben actuar con urgencia para proteger a las familias afectadas y garantizar el respeto a los territorios recuperados.
