Usos y costumbres se desvirtúan en prácticas violentas que afectan la cohesión social en los pueblos indígenas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La creciente práctica de justicia por mano propia en Chiapas refleja una desconfianza profunda hacia las autoridades. En municipios regidos por usos y costumbres, las comunidades han comenzado a tomar decisiones extremas ante la falta de respuesta gubernamental. El caso más reciente ocurrió en Aldama, donde el exalcalde Alfonso Pérez Santiz fue humillado públicamente por incumplir con obras públicas, lo que demuestra cómo la falta de cumplimiento se castiga de manera violenta.
El uso de castigos públicos, como el vestir a hombres con trajes de mujer para humillarlos, ha generado críticas no solo por su crueldad, sino porque refleja un abuso de las costumbres indígenas. Este tipo de prácticas no fortalece la cohesión comunitaria, sino que alimenta la violencia y la división. El hecho de que Pérez Santiz haya sido liberado tras pagar una fuerte suma de dinero añade un componente económico que distorsiona aún más la justicia en estas regiones.
La falta de intervención de las autoridades estatales ha permitido que este tipo de justicia se extienda. En zonas donde ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni las policías locales se atreven a ingresar, los ciudadanos imponen sus propias reglas, muchas veces castigan sin pruebas claras. Esto ha derivado en situaciones extremas, como linchamientos y torturas, que amenazan la estabilidad social.
La reciente ola de violencia en municipios como San Andrés Larráinzar y San Pedro Chenalhó, donde presuntos delincuentes fueron castigados por la multitud, muestra cómo la justicia comunitaria se ha convertido en venganza. El diálogo y el respeto a los derechos humanos parecen cada vez más lejanos, mientras la rabia colectiva toma el control.
Con la llegada de un nuevo Gobierno estatal, es urgente replantear la relación entre las autoridades y las comunidades indígenas. El equilibrio entre respetar los usos y costumbres y garantizar un sistema de justicia justo y eficaz es fundamental para evitar que Chiapas siga sumido en una espiral de violencia y caos.