15 de los 124 municipios han heredado conflictos sociales e inseguridad de administraciones anteriores
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El crecimiento de la violencia en Chiapas, exacerbada por las actividades de las organizaciones del crimen organizado, ha dejado una profunda huella en la entidad, especialmente en sus dos municipios más emblemáticos: Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ambos se encuentran ahora entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país, superando incluso a Fresnillo, Zacatecas, que durante años ocupó el primer lugar en esta indeseable lista.
De acuerdo con la encuesta nacional trimestral sobre Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, un preocupante 91.9 por ciento de los habitantes de Tapachula consideran que es peligroso vivir en su ciudad. Esta cifra es alarmantemente alta, colocándola en la cima de la percepción de inseguridad. A esta le siguen Naucalpan, en el Estado de México, con un 88 por ciento, y Fresnillo, que ha caído al tercer lugar con un 87.9 por ciento, marcando un cambio significativo desde diciembre de 2020, cuando Fresnillo lideraba este índice.
El listado se completa con Ecatepec, en el Estado de México, con un 87 por ciento; Irapuato, en Guanajuato, con un 86.4 por ciento; y Tuxtla Gutiérrez, con un 85.9 por ciento. Estos datos revelan una tendencia alarmante que pone de manifiesto la creciente crisis de seguridad en Chiapas, un fenómeno que no solo afecta a los ciudadanos en su día a día, sino que también amenaza la estabilidad social y económica de la región.
Un ejemplo trágico y representativo del recrudecimiento de la violencia ocurrió recientemente en San Cristóbal de Las Casas, donde el sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue asesinado tras concluir una misa en la iglesia del Barrio de Cuxtitali. Este hecho no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también destaca la grave situación de los defensores de derechos humanos en la región. Testigos presenciales relatan que dos sujetos encapuchados, que circulaban en motocicleta, se acercaron al vehículo del sacerdote y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, marcando otro capítulo sombrío en la narrativa de la violencia en Chiapas.
En contraste, las áreas urbanas con los menores porcentajes de percepción de inseguridad se encuentran en otros estados del país. San Pedro Garza García destaca con solo un 13.7 por ciento, seguido de Benito Juárez con un 17.5 por ciento, y Tampico con un 20 por ciento. Estos datos subrayan la profunda desigualdad en la seguridad que vive el país, donde algunas localidades gozan de un ambiente relativamente seguro, mientras que otras se ven atrapadas en una espiral de violencia y miedo.
La percepción de inseguridad también se manifiesta en espacios específicos, donde el 67.3 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. Asimismo, un 61.8 por ciento se siente vulnerable en el transporte público, mientras que el 53.0 por ciento expresa inseguridad en las carreteras y un 51.3 por ciento en las calles que habitualmente utiliza y en los bancos.
A pesar de la crisis de seguridad, la población sigue confiando en las diversas autoridades de seguridad pública, aunque con un respaldo variable. En la última encuesta, la Marina recibió una calificación positiva del 87.7 por ciento, la Fuerza Aérea Mexicana del 83.9 por ciento, y el Ejército del 83.1 por ciento. Sin embargo, las fuerzas de seguridad locales, como la policía estatal y la policía preventiva municipal, cuentan con un respaldo menor, alcanzando solo el 55.8 y el 48.6 por ciento, respectivamente.
El número de homicidios dolosos en Chiapas ha aumentado de manera alarmante. En los 12 municipios incluidos en la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno federal para sus primeros 100 días, se registró un incremento del 237 por ciento. Durante el primer semestre de 2023, se reportaron 89 homicidios dolosos en estas áreas. Sin embargo, entre enero y junio de 2024, esta cifra se elevó a 211, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, evidenciando un grave deterioro de la situación de seguridad en la entidad.
Las autoridades y la sociedad civil deben unirse para abordar esta crisis de seguridad que ha permeado en todos los aspectos de la vida en Chiapas. Es fundamental que se implementen estrategias efectivas que no solo combatan la delincuencia, sino que también aborden las causas profundas de la violencia. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible recuperar la seguridad y la paz que los chiapanecos merecen.
En los primeros seis meses de 2024, Chiapas ha sido escenario de una alarmante ola de violencia, con un total de 211 homicidios registrados en 12 de sus municipios, lo que representa el 57 por ciento del total de asesinatos ocurridos en el estado durante este periodo. Este preocupante dato revela que seis de cada 10 homicidios han tenido lugar en alcaldías consideradas prioritarias para el Gobierno federal.
A pesar de no ser uno de los estados con mayor incidencia de delitos de alto impacto, el Gobierno federal ha decidido centrar su atención estratégica en Chiapas debido a la prevalencia de homicidios. Según el diagnóstico realizado, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado han mostrado un crecimiento constante, impulsados por la disputa territorial entre grupos delictivos antagónicos. Esta situación ha generado un ambiente de temor y desconfianza entre la población.
El documento estratégico del Gobierno plantea diversas acciones para abordar las causas de esta violencia. Entre ellas se incluyen programas sociales, la presencia permanente de cuerpos de seguridad para la prevención de delitos, la construcción de paz mediante el desarrollo comunitario y el uso de inteligencia para el despliegue de operativos en las zonas más afectadas. En los últimos días, se han implementado puestos de revisión y operativos de seguridad en distintos puntos de Tapachula, con la intención de mitigar la violencia y restaurar la confianza de los ciudadanos.
El Observatorio del Crimen Organizado ha documentado que la influencia del crimen organizado en Chiapas no se limita a los homicidios. La incidencia de desapariciones, tráfico de personas, extorsión y desplazamiento interno forzado ha aumentado de manera alarmante. La llegada de los grupos delictivos al estado sureño, que se intensificó hace aproximadamente tres años, ha desencadenado un ciclo de violencia que parece no tener fin.
Con el cambio de gobiernos municipales a principios de octubre, la Organización Editorial Mexicana (OEM) ha documentado que al menos 15 de los 124 municipios de Chiapas han heredado conflictos sociales e inseguridad de las administraciones anteriores. Entre ellos se encuentran Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc y San Cristóbal de Las Casas, donde las condiciones de seguridad han sido insuficientes para realizar elecciones en las fechas programadas. Pantelhó, en particular, se ha convertido en un foco de atención debido a su inestabilidad.
En San Cristóbal de Las Casas, aunque la incidencia de homicidios dolosos es baja, se han convertido en un refugio para pobladores de otros municipios que huyen de la violencia. En otras áreas, como Amatenango de la Frontera, los enfrentamientos entre el crimen organizado han obligado a la población a abandonar sus hogares, buscando seguridad en localidades como Mazapa de Madero o incluso en Guatemala.
La situación de violencia e inseguridad en Chiapas es un fenómeno complejo que requiere atención inmediata y efectiva. La implementación de estrategias de seguridad, junto con programas sociales que aborden las raíces del problema, son esenciales para recuperar la paz y la estabilidad en la región. La coordinación entre las autoridades y la comunidad será fundamental para frenar el avance del crimen organizado y garantizar la seguridad de los chiapanecos. Sin acciones contundentes y un compromiso real, el futuro de muchas familias en Chiapas sigue en riesgo.
