Llamó a que su sacrificio sea semilla de paz en todas las regiones que enfrentan una crisis humanitaria
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Este domingo 27 de octubre, en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco expresó su dolor y solidaridad con la Iglesia Católica de México tras el asesinato del sacerdote tsotsilMarcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Durante el rezo del Ángelus, el papa envió un mensaje de consuelo a los fieles y la comunidad chiapaneca, recordando la vocación de servicio y la lucha por la paz que caracterizaban al padre Marcelo.
“A la amada Iglesia de San Cristóbal de Las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, que llora por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado domingo. Un fervoroso servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios, que su sacrificio, como el de otros sacerdotes asesinados por fidelidad al ministerio, sean semillas de paz y vida cristiana”, expresó el sumo pontífice ante miles de personas congregadas.
Este vínculo especial entre el papa Francisco y los fieles de Chiapas se fortaleció durante su visita a México en febrero de 2016. En esa ocasión, el pontífice visitó Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, donde ofreció misas y mensajes de apoyo a los pueblos indígenas. Como gesto de hermandad, el papa recibió una biblia traducida al tsotsil, lo cual reafirmó su empatía y cercanía con las comunidades indígenas de la región.
El padre Marcelo Pérez Pérez era conocido en la región por su inquebrantable compromiso con la paz y su denuncia constante de la violencia generada por el crimen organizado en Chiapas. Desde hace años, el sacerdote lideraba manifestaciones pacíficas y organizaba comunidades en torno a la defensa de sus derechos y el rechazo a los actos de violencia. Su activismo en favor de los pueblos indígenas le había ganado amenazas de muerte constantes, lo que motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ordenar medidas de protección para él desde hacía más de una década.
La mañana del domingo 20 de octubre, el padre Marcelo ofició misa en su iglesia en San Cristóbal de Las Casas. Al finalizar, salió solo y se dirigió hacia su camioneta para trasladarse a otro servicio religioso en una comunidad cercana. Sin embargo, metros más adelante, dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon. Las heridas fueron fatales, y el padre Marcelo falleció en el lugar mientras sus agresores se daban a la fuga.
La noticia de su asesinato conmocionó a México y generó reacciones de indignación a nivel internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil demandaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables enfrentaran la justicia.
La misma noche del asesinato, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó enérgicamente el asesinato del padre Marcelo y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiría la investigación del caso. Además, informó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), estaba en comunicación constante con las autoridades de Chiapas para dar seguimiento al desarrollo del caso.
Dos días después, el 22 de octubre, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado había detenido al presunto autor material del crimen, un hombre identificado como Edgar “N”. Según las autoridades, la aprehensión de Edgar “N” fue posible gracias a la revisión de cámaras de vigilancia, labores de inteligencia, investigación de campo y el testimonio de testigos presenciales. La Fiscalía emitió un comunicado en el que detallaba que el detenido fue puesto a disposición del juez de control competente y que el proceso de judicialización continuaría con el objetivo de llevar a los responsables ante la justicia.
La captura de Edgar “N” fue vista como un avance significativo en la búsqueda de justicia, aunque también abrió interrogantes sobre la existencia de posibles autores intelectuales detrás del asesinato del sacerdote. Organizaciones de derechos humanos y algunos líderes de opinión solicitaron que se investigara si la muerte del padre Marcelo estuvo vinculada con su activismo y las denuncias que realizaba en contra de grupos delictivos y autoridades corruptas.
Marcelo Pérez Pérez, de origen tsotsil, dedicó su vida al servicio pastoral y a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en Chiapas. Su compromiso con la justicia y su rechazo a la violencia lo convirtieron en una de las figuras más respetadas en la región, aunque también le trajo amenazas de muerte. Durante años, fue una de las voces más críticas hacia la inacción gubernamental frente a los enfrentamientos entre grupos criminales que operan en Chiapas.
La influencia y liderazgo del padre Marcelo no se limitaban a su parroquia; era un activista que defendía a los pueblos originarios y luchaba incansablemente por la paz. Su rol como mediador en conflictos sociales y su participación en mesas de diálogo para frenar la violencia le valieron el respeto de diversas organizaciones y líderes comunitarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de protección hace una década, luego de recibir constantes amenazas de muerte. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes para garantizar su seguridad. Organizaciones de derechos humanos han señalado que el asesinato del padre Marcelo refleja la falta de medidas efectivas para proteger a líderes sociales y religiosos que enfrentan riesgos en México, especialmente en regiones afectadas por el crimen organizado.
El martes 23 de octubre, la comunidad de San Cristóbal de Las Casas se reunió para despedir al padre Marcelo Pérez Pérez. Miles de personas, entre ellas autoridades eclesiásticas y feligreses de diversas comunidades, acudieron a su funeral. Las calles de la ciudad se llenaron de rostros dolientes, de personas que recordaban al padre Marcelo no solo como un sacerdote, sino como un amigo y un defensor de sus derechos.
Durante el velorio, varios líderes comunitarios recordaron el compromiso del padre Marcelo con la paz y su valentía para enfrentar las adversidades. “Él era la esperanza de nuestra comunidad, una luz en medio de la oscuridad”, comentó uno de los feligreses. Las palabras del papa Francisco también fueron leídas durante la ceremonia, lo que generó emotivas muestras de agradecimiento hacia el líder de la Iglesia Católica.
IMPACTO Y LEGADO DEL PADRE MARCELO PÉREZ PÉREZ
El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez deja un vacío profundo en la comunidad de San Cristóbal de Las Casas y en las organizaciones que luchan por la paz y la justicia en Chiapas. Sin embargo, su legado y sus enseñanzas han dejado una marca imborrable. Su vida, entregada al servicio y a la defensa de los más vulnerables, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la violencia que azota a la región.
La comunidad chiapaneca y la Iglesia Católica de México han hecho un llamado para que el sacrificio del padre Marcelo no sea en vano y que se honre su memoria mediante acciones concretas para erradicar la violencia. El mensaje del papa Francisco resuena con fuerza entre los fieles y líderes sociales, quienes ven en el padre Marcelo un mártir de la paz.
A nivel nacional, el caso del padre Marcelo ha encendido el debate sobre la situación de inseguridad que prevalece en Chiapas y la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a aquellos que, como él, trabajan por la paz y la justicia. La figura del padre Marcelo, su vida y su trágico final, han inspirado a muchos a continuar su labor y a no desistir en la lucha por un Chiapas más seguro y justo.
En palabras del papa Francisco, que su sacrificio sea “semilla de paz y vida cristiana”.
El reciente asesinato del padre Marcelo Pérez ha conmocionado a las comunidades chiapanecas y a organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez resaltó su papel en la mediación de conflictos, como el de noviembre de 2018 en El Bosque, Chiapas, donde trabajó para que 400 familias desplazadas pudieran regresar a su comunidad tras un violento ataque armado. La labor pastoral de Pérez, similar a la que realizó en su tiempo el obispo Samuel García en San Cristóbal, fue ampliamente respetada y valorada en la región.
Este hecho violento, sin embargo, no es el único motivo de alarma en el estado sureño. Cuatro días antes del asesinato, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció un aumento en las amenazas y actos de violencia contra la comunidad zapatista “6 de Octubre” por parte de los habitantes de Palestina, en el municipio de Ocosingo. En un comunicado, el subcomandante Moisés señaló que las intimidaciones dirigidas a mujeres, ancianos, niños y hombres del Caracol de Jerusalén buscan desalojarlos de las tierras que han ocupado y trabajado pacíficamente durante más de tres décadas.
En el mismo comunicado, el EZLN informó sobre la suspensión temporal de sus encuentros internacionales de Rebeldías y Resistencias, programados para fines de este año y para 2025. Estos encuentros, cuyo objetivo era discutir temas como “La Tormenta y el Día Después”, abordaban la crisis del capitalismo y buscaban plantear alternativas de convivencia social. La decisión de cancelar estos eventos responde, según Moisés, a la “grave situación” de violencia que atraviesa Chiapas, la cual imposibilita garantizar la seguridad de los asistentes en el territorio. Esta situación, señaló, es un reflejo de la “continuidad con cambio” en el Gobierno actual.
La creciente tensión en Chiapas, evidenciada tanto en el asesinato del padre Marcelo como en las amenazas hacia la comunidad zapatista, revela un panorama de inseguridad y vulnerabilidad que afecta a las poblaciones indígenas y a los líderes comunitarios.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alerta sobre un tipo de violencia en Chiapas que va más allá de la delincuencia común, describiéndola como una estrategia contrainsurgente que busca controlar social, política, económica y territorialmente, fomentada por la impunidad de actores estatales. Este contexto ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desplazamientos forzados, desapariciones, despojos de tierras, asesinatos y tortura.
Frayba subraya que esta violencia se dirige especialmente contra organizaciones sociales y políticas autónomas, como las comunidades zapatistas, que buscan transformar el sistema sin alinearse con ningún partido político. Se denuncia que esta dinámica de violencia “narcoparamilitar” tiene como objetivo frenar la autonomía zapatista, amenazando su forma de vida y el modelo alternativo que representan para la sociedad.
Un pronunciamiento firmado por diversos activistas, incluyendo la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, expone que la violencia estatal y privada se fusiona para debilitar el proyecto autónomo zapatista. Incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió desde 2021 que Chiapas estaba “al borde de una guerra civil”. Ante la falta de intervención efectiva del Gobierno contra el paramilitarismo y el crimen organizado, esta situación podría derivar en un conflicto civil abierto, por lo cual el actual Gobierno es señalado como responsable si no toma medidas para proteger a la población.
