La cifra asciende a 12 mil 650 millones 576, 738 pesos por 67 días sin trabajar
PORTAVOZ/AGENCIAS
La ministra Lenia Batres expuso a través de su cuenta en la red social X una estimación de la pérdida económica que ha causado el paro de labores que mantienen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación por estar en contra de la Reforma Judicial, el cual asciende a más de 12 millones de pesos.
Por medio de una imagen, la ministra señaló que el “daño económico” es de 12 mil 650 millones 576, 738 pesos por los 67 días que no se ha laborado en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación.
En la misma imagen también presentó el presupuesto de tribunales de circuito y juzgados de distrito por año.
Cabe recordar que los empleados del Poder Judicial de la Federación se fueron a paro indefinido de labores como protesta por la Reforma Judicial; la semana pasada la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó que continuarían sin laborar.
Lo anterior, luego de una consulta en la que determinaron mantener la suspensión parcial de labores jurisdiccionales en todo el país pese a que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó a los tribunales regresar a trabajar.
En un comunicado, se informó que “esta medida de protesta continuará con la atención exclusiva de casos urgentes, en apego a la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia en situaciones de máxima necesidad”.
De acuerdo con la consulta, 809 personas juzgadoras votaron por la continuación de la suspensión parcial de labores jurisdiccionales con la atención a casos urgentes y 497 personas juzgadoras por la reanudación de labores a partir del lunes 21 de octubre.
“Esta decisión refleja la unidad de las personas juzgadoras con el movimiento del personal jurisdiccional y constituye un rechazo contundente y enérgico a las acciones recientes realizadas tanto por el Senado de la República, al realizar una infamante tómbola en un espectáculo de burla hacia los juzgadores nacionales como por el Consejo de la Judicatura Federal al no emitir reglas que den certeza a los derechos de los titulares del poder judicial de la Federación”.
