José Luis Castillejos
La responsabilidad política debe ser tan clara como la penal. Quienes ocupan posiciones de poder en áreas tan críticas como la seguridad deben rendir cuentas.
De ser hallados responsables por omisión, los funcionarios que contribuyen al clima de inseguridad deben ser sancionados con cárcel.
Las sanciones no solo actuarían como un mecanismo de justicia, sino también como un mensaje contundente a todos aquellos que, en el futuro, asuman estas funciones. La corrupción en forma de omisión no puede seguir siendo tolerada en un país donde las vidas dependen de decisiones políticas firmes y responsables.
La seguridad es uno de los pilares fundamentales para la paz y el desarrollo en cualquier sociedad. En México, la percepción de inseguridad crece mientras los ciudadanos observan cómo la violencia se instala en más regiones del país, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad constante.
Ante este panorama, la interrogante no puede ser más pertinente: ¿la omisión en política es sinónimo de corrupción? ¿Deben ser sancionados aquellos encargados de la seguridad que, por negligencia o desidia, permiten que la violencia prospere?
Para responder a esta pregunta, es esencial comprender la magnitud de la responsabilidad en manos de los funcionarios de seguridad. La falta de acción efectiva para combatir la inseguridad no solo afecta a los más vulnerables, sino que también socava la confianza en las instituciones.
La omisión, entendida como la ausencia de acciones donde estas son necesarias, se convierte en complicidad cuando, por falta de voluntad o negligencia, se permite que el caos y el crimen tomen ventaja sobre la ley.
La corrupción no siempre se manifiesta en actos de soborno o desvío de fondos; también se expresa en la incapacidad o desinterés por actuar en favor del bien común. La omisión se convierte, así, en una forma indirecta de corrupción, ya que facilita condiciones donde el crimen organizado y otros grupos violentos ganan terreno.
En este sentido, aquellos funcionarios que, siendo responsables de la seguridad pública, no toman decisiones efectivas incurren en una traición a la patria, a sus deberes y al compromiso que asumieron ante la sociedad.
Ante la gravedad de la situación, resulta indispensable exigir que la omisión sea sancionada de forma justa.
México necesita líderes comprometidos, que entiendan la dimensión de sus cargos y actúen en beneficio de la paz social. La impunidad para quienes eluden sus deberes en materia de seguridad debe ser erradicada si se aspira a restaurar la confianza en las instituciones y a garantizar un México más seguro para todos.
