Piden que el bienestar no dependa de sobornos, sino de un sistema judicial justo y transparente
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Integrantes de la asociación civil “No más niños huérfanos de padres vivos” han alzado la voz ante un problema que consideran crucial: la corrupción en los juzgados de lo familiar. En palabras de su presidente, José Luis Ochoa Domínguez, el derecho de los menores a una protección integral se está viendo vulnerado al momento de que algunos jueces piden pagos ilegales a los padres a cambio de resolver sus casos. Este tipo de prácticas, señaló, no solo afecta el acceso a la justicia, sino que deja a los menores en situaciones de riesgo y abandono.
Ochoa relató su experiencia personal con el juez Antonio Maza, a quien acusa de haberle exigido dinero para otorgar protección legal. Esta situación, aseguró, expuso la falta de controles en el Poder Judicial para evitar que los derechos de los menores queden sujetos a prácticas corruptas. Según Ochoa, algunos funcionarios incluso son protegidos por otros dentro del sistema, lo que convierte a la justicia familiar en una trampa para quienes no pueden o no están dispuestos a pagar.
Para muchos padres y madres en Chiapas, estos obstáculos significan vivir en la incertidumbre y enfrentarse a jueces que, lejos de cumplir su función, condicionan resoluciones como la pensión alimentaria o el régimen de visitas. La asociación exigió que estos derechos no sean manipulados por intereses individuales, al recordar que el bienestar de los menores debe ser prioritario.
Con miras a la próxima administración estatal, “No más niños huérfanos de padres vivos” confía en que se fortalezcan los controles en el Poder Judicial. En este sentido, la asociación espera que el siguiente gobernador priorice la selección de funcionarios íntegros y comprometidos con los derechos de la infancia y la justicia familiar.
Ochoa concluyó con un llamado urgente a las autoridades para que atiendan las demandas de los padres que buscan justicia. La transparencia en los juzgados de lo familiar, señaló, es fundamental para garantizar que ningún niño quede desprotegido por causas económicas o actos de corrupción.
