Han pasado tres años desde el inicio del proyecto y los costos de peaje han sufrido una inflación descontrolada
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La ampliación de la supercarretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, uno de los proyectos más relevantes en Chiapas, ha registrado un retraso de 23 meses, incumpliendo las expectativas de los habitantes y usuarios que dependen de esta vialidad. El proyecto, que arrancó en diciembre de 2020 con la promesa de finalizar en diciembre de 2023, continúa inconcluso y no se espera que termine sino hasta 2024, lo que suma un total de 47 meses de trabajos.
El atraso ha traído consigo no solo incomodidades, sino también un aumento en el costo del peaje. Desde que comenzaron los trabajos, las tarifas de cobro han subido de manera progresiva: en 2021 pasó de 53 a 63 pesos, en 2022 subió a 75 pesos, y en 2023 alcanzó los 89 pesos. Para el 2024 se espera que el peaje llegue a 93 pesos, lo que ha generado malestar entre los conductores, quienes consideran injusto que se pague más por un servicio incompleto y de menor calidad.
Aparte de los costos adicionales, la carretera continúa siendo una de las más peligrosas de la región. A tres años de haberse iniciado el proyecto, aún se observan tramos sin terminar, con señales inadecuadas y tramos en los que se perciben trabajos abandonados, lo que eleva el riesgo para los usuarios.
A pesar de las constantes quejas de los chiapanecos y las gestiones por parte de los habitantes, el Gobierno federal y la concesionaria encargada de la obra, la Concesionaria de Autopistas del Sureste (CAS), no han ofrecido una solución clara. La falta de avances en la obra, sumada a la continua subida de los costos del peaje, ha alimentado la frustración entre los ciudadanos, que ven cómo el proyecto se alarga mientras los beneficios prometidos aún parecen lejísimos.
La inconformidad crece no solo por el incumplimiento de los plazos, sino también por la falta de transparencia en la gestión de los recursos y los avances. Los habitantes de la región, que en su mayoría dependen de esta vía para transportarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud, exigen que se dé prioridad a la culminación de la obra y se frene el aumento continuo de las tarifas.
