Cafeticultores de Tapachula enfrentan retos extremos como falta de seguridad y mano de obra escasa
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El paisaje cafetalero de Tapachula, se enfrenta a una crisis sin precedentes. Lo que antes era una red robusta de 35 fincas activas se ha reducido a apenas cinco u ocho, según indican los productores locales. La baja producción, estimada en un 70 por ciento, junto a la creciente inseguridad y el abandono gubernamental, han sumido al sector en un estado crítico que amenaza no solo la economía local, sino también la cultura cafetalera de la región.
La inseguridad ha golpeado a las fincas de la Sierra, donde los caminos de sacacosechas se han vuelto territorios de riesgo. Ismael Gómez Coronel, uno de los pocos productores que sigue en la lucha, relató cómo la falta de vigilancia ha permitido el aumento de robos en las zonas cafetaleras de Tapachula, lo que afecta tanto a pequeños como a grandes productores. La delincuencia se ha convertido en una barrera más que impide a los cafeticultores trabajar con tranquilidad y eficacia en sus tierras.
Más allá de la inseguridad, el sector enfrenta una ausencia preocupante de apoyo gubernamental. Durante el último sexenio, los productores no recibieron fondos ni respaldo estatal que les permitiera mejorar sus procesos, combatir plagas o adaptarse a los cambios climáticos. Gómez Coronel señaló que esta falta de atención ha debilitado al sector, al empujar a algunos cafeticultores a cerrar sus puertas por completo.
La escasez de mano de obra y los efectos del cambio climático, como lluvias erráticas y temperaturas extremas, se suman a esta lista de desafíos. La combinación de estos factores ha provocado una caída en la producción, lo que daña a todas las escalas del negocio: desde pequeños agricultores hasta las grandes fincas privadas que antaño aportaban gran parte de la producción estatal.
Los productores consideran que el panorama actual exige una respuesta urgente y coordinada para revitalizar el sector cafetalero en Tapachula. La recuperación requerirá de inversión y políticas efectivas que garanticen la seguridad, apoyen la producción y promuevan prácticas agrícolas sostenibles que permitan a las fincas volver a ser el motor económico y cultural que representan en la región.
