El hurto de información sensible desata sospechas de corrupción. Diputados exigen respuestas claras a las autoridades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En un inesperado incidente ocurrido durante la madrugada del sábado, varias cajas con documentación clasificada fueron sustraídas de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en Tuxtla Gutiérrez. Según los primeros reportes, hombres desconocidos violaron las cerraduras del edificio ubicado sobre el Libramiento Norte Poniente, donde lograron apoderarse de documentos de alta relevancia. Aunque la ASE no ha emitido una declaración formal, la intrusión no fue detectada por los vigilantes del lugar hasta la mañana del domingo.
El robo, que parece tener como objetivo información sensible, ha desatado una serie de reacciones entre los legisladores chiapanecos. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Ignacio Avendaño, expresó su firme condena al robo, quien considera que no solo representa un delito, sino un atentado contra la rendición de cuentas. En su pronunciamiento, Avendaño solicitó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación exhaustiva y advirtió que estos hechos no deben quedar impunes, puesto que erosionan la confianza pública en las instituciones.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, también se sumó a las demandas de esclarecimiento y justicia. Aseguró que el robo no solo es un ataque directo a la ASE, sino también un golpe a la democracia y a la legalidad. La falta de una respuesta inmediata por parte de la institución afectada ha incrementado las sospechas de que la información sustraída podría estar vinculada a actos de corrupción dentro del Gobierno estatal.
La ausencia de detalles sobre el contenido de los documentos robados deja abierta la posibilidad de que se trate de información que involucre prácticas ilícitas. Este escenario ha generado más incertidumbre, dado que la Auditoría, encargada de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos, no ha proporcionado una actualización sobre los posibles impactos de este robo.
Mientras tanto, ambos legisladores coinciden en que no se debe permitir que la impunidad prevalezca, toda vez que lo ocurrido no solo pone en riesgo la integridad de la información pública, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar. Avendaño y Guillén subrayaron la urgencia de que la FGE asuma su responsabilidad de investigar con total transparencia y rigor.
