La situación exige un cambio en políticas de seguridad y protección para evitar represalias
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El defensor de derechos humanos en la frontera sur, Luis García Villagrán, enfrenta una creciente
ola de amenazas que pone en peligro su vida. En abril, un ataque violento orquestado por un
grupo armado demostró la vulnerabilidad de quienes luchan por la justicia migrante en una región
marcada por la violencia. García Villagrán, conocido por su labor con indocumentados, aseguró
que las autoridades de migración están detrás de estas amenazas.
El activista ha sido crítico del sistema de protección a defensores y periodistas del Gobierno
mexicano, al señalar su total ineficacia. A pesar de estar bajo el mecanismo de la Secretaría de
Gobernación, García Villagrán ha experimentado el mismo abandono que otros defensores, como
el padre Marcelo Pérez Pérez, quien también fue asesinado.
Ante esta situación, García Villagrán ha tenido que considerar la posibilidad de dejar México en
busca de asilo. La creciente inseguridad y la incapacidad del Estado para ofrecer protección lo han
llevado a poner a la venta sus bienes y evaluar opciones fuera del país. Esta decisión refleja la
desesperación de muchos activistas que ya no pueden confiar en las autoridades mexicanas.
A pesar de las amenazas que persisten, García Villagrán continua con su labor. En la actualidad,
acompaña a miles de personas que caminan por la carretera costera, a pesar de las deportaciones
masivas impulsadas por el Gobierno de Joe Biden. Sin embargo, su trabajo sigue siendo un acto de
valentía en un contexto de creciente violencia e impunidad.
El caso de García Villagrán subraya una dura realidad, la falta de protección efectiva para los
defensores de derechos humanos en México. La indiferencia del Gobierno y la violencia de grupos
armados han dejado a muchos activistas sin opciones, forzándolos a tomar decisiones drásticas
como buscar refugio en otros países.
