Funcionarios enfrentan barreras en zonas conflictivas de Chiapas para informar sobre el acceso al apoyo educativo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La violencia en el estado ha complicado la comunicación de los programas educativos, como el registro de las becas Benito Juárez. Este beneficio, fundamental para miles de estudiantes de nivel básico, enfrenta desafíos en zonas de alta inseguridad, como Frontera Comalapa, Motozintla y Tila, donde la entrada de los funcionarios se ha vuelto riesgosa, según explicó el titular de la oficina de representación estatal para estas becas, Ernesto Gómez Pananá. En dichos municipios, el acceso seguro para realizar asambleas informativas resulta imposible.
La imposibilidad de ingresar a algunos municipios ha retrasado el calendario previsto para las asambleas, que deberían completarse a fines de noviembre. A pesar de los obstáculos, las autoridades han desarrollado estrategias para llevar la información a los estudiantes, incluyendo la organización de reuniones en localidades cercanas donde las condiciones de seguridad lo permitan.
El objetivo del programa es asegurar que los estudiantes de nivel básico tengan apoyo económico para continuar sus estudios, una prioridad para el Gobierno federal. Sin embargo, la realidad de la inseguridad en ciertas zonas de Chiapas obliga a improvisar alternativas para que este derecho llegue a todos, en especial a aquellos estudiantes en comunidades de alta violencia.
Se calcula que alrededor de 288 mil becas están destinadas para estudiantes de la entidad, pero la inseguridad ha creado una situación de incertidumbre para aquellos que viven en los municipios más conflictivos. Aunque Gómez Pananá no precisó cuántos estudiantes podrían quedar excluidos por la falta de acceso, confirmó que se evalúan métodos para incluirlos en el programa sin comprometer la seguridad de los trabajadores de campo.
En medio de esta situación, Gobierno estatal y comunidades educativas enfrentan el desafío de impulsar el derecho a la educación en condiciones de adversidad. Lograr que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan es una prioridad que requiere innovación y compromiso, en un contexto donde la violencia afecta cada vez más las oportunidades de desarrollo educativo y social en la región.
