Las acciones no solo buscan generar caos, sino también consolidar el control territorial
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La comunidad Ignacio Zaragoza, ubicada en el municipio de La Concordia, Chiapas, se ha convertido en el epicentro de una alarmante crisis de inseguridad. Los habitantes, sometidos al control de grupos criminales, denunciaron a través de un comunicado que están siendo obligados a participar en bloqueos viales estratégicos. La situación, agravada por amenazas de represalias físicas en caso de desobediencia, refleja el nivel de influencia que han alcanzado el crimen organizado en la región.
Los pobladores señalaron que los bloqueos son impuestos en puntos clave como Jaltenango La Paz y la entrada a Rizo de Oro, lugares estratégicos para el tránsito de mercancías y personas en la Sierra Madre de Chiapas. Además, mencionaron que estas acciones no solo buscan generar caos, sino también consolidar el control territorial.
“Ya no aguantamos más indiferencia por parte de los tres órdenes de Gobierno”, declararon en el comunicado enviado a los medios. Según los testimonios, las amenazas incluyen castigos físicos severos, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre las familias de Ignacio Zaragoza y comunidades vecinas.
Otro aspecto preocupante es el reclutamiento forzoso de hombres. Jóvenes y campesinos son cooptados bajo amenazas para engrosar las filas de estos grupos, obligándolos a participar en actividades ilícitas. Los pobladores han solicitado la intervención urgente del gobernador Rutilio Escandón, así como de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para frenar estas prácticas que están desestabilizando la vida comunitaria.
La problemática no se limita a Ignacio Zaragoza. En Frontera Comalapa, un municipio colindante con Guatemala, los habitantes reportan enfrentamientos constantes, evidenciando una guerra territorial que afecta gravemente a la población civil.
En la carretera Panamericana, campesinos de varias comunidades han establecido bloqueos totales en los límites entre La Trinitaria y Frontera Comalapa. Los testimonios indican que estas acciones también son impuestas por los grupos criminales. Aunque las autoridades han realizado patrullajes esporádicos, los pobladores afirman que la presencia de la Guardia Nacional y la Defensa Nacional ha sido insuficiente para garantizar su seguridad.
“Desde diversas comunidades llegan los pobladores a Jaltenango para bloquear las entradas al pueblo. Se presume que un grupo armado los obliga a realizar la obstrucción de las vías”, indicó una periodista local, reflejando la impotencia de la población frente a la creciente influencia de los cárteles.
AUGE DE LA DELINCUENCIA DESDE 2019
La llegada de caravanas migrantes centroamericanas en 2019 marcó un punto de inflexión para el incremento del poder de los grupos criminales en la frontera sur de México. El flujo migratorio se convirtió en una oportunidad para organizaciones delictivas, que ampliaron sus operaciones hacia actividades como el tráfico de personas y la explotación laboral forzada.
Además, el control de rutas estratégicas, como las que atraviesan Jaltenango y La Concordia, ha permitido al crimen organizado consolidar su dominio territorial. Estas zonas, antes dedicadas a actividades agrícolas, ahora son escenarios de constantes enfrentamientos armados, bloqueos y desplazamientos forzados.
El panorama de inseguridad alcanzó su punto más álgido con recientes hallazgos macabros en el municipio de Tapachula. El pasado 15 de noviembre, los cuerpos de dos mujeres desmembradas fueron encontrados dentro de un tambo en el ejido Nueva Granada. Cerca del lugar, un joven identificado como Julio Alberto “N”, de 18 años, fue hallado sin vida, con al menos ocho impactos de bala.
Aunque estos hechos ocurrieron a varios kilómetros de Ignacio Zaragoza, evidencian un patrón de violencia extrema que se repite en todo el estado. Los habitantes aseguran que estos crímenes son utilizados como mensajes de intimidación, tanto para las comunidades como para las autoridades.
A pesar de los llamados urgentes de auxilio, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Los habitantes de Ignacio Zaragoza, Jaltenango y otras comunidades afectadas sienten que han sido abandonados por los tres órdenes de Gobierno.
En sus escritos, los pobladores claman por acciones concretas que frenen la violencia, el reclutamiento forzoso y los bloqueos viales. “Necesitamos una intervención inmediata de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Nuestra comunidad está siendo destrozada por la delincuencia”, expresaron.
La situación en Ignacio Zaragoza y en otras regiones en la entidad pone en evidencia la compleja red de intereses criminales que opera en la frontera sur. El control de rutas estratégicas, el reclutamiento forzoso y la violencia extrema se han convertido en herramientas de dominio para las organizaciones delictivas.
Ante este escenario, los habitantes exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades federales y estatales. Mientras tanto, la población sigue viviendo en medio de la incertidumbre, esperando que sus voces sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde.
Chiapas, un estado rico en cultura y biodiversidad, enfrenta uno de los retos más grandes de su historia reciente: recuperar la paz y la seguridad en sus comunidades.
Enfrenta una crisis de violencia e inseguridad que se ha intensificado en los últimos años. El estado, conocido por sus paisajes y su población mayoritariamente indígena, está atrapado en un círculo de disputas entre el crimen organizado, autoridades locales y fuerzas de seguridad, lo que ha llevado a un aumento en los desplazamientos forzados, asesinatos y amenazas contra la población civil.
El caso más reciente que conmocionó a la sociedad ocurrió el pasado domingo 20 de octubre, cuando el sacerdote Marcelo Pérez, defensor de los derechos humanos y líder comunitario de San Cristóbal de Las Casas, fue asesinado. Este crimen no solo ha provocado indignación entre la comunidad católica y las organizaciones sociales, sino que también ha puesto de manifiesto la inseguridad que domina la región.
La entidad se ha convertido en el escenario de una compleja red de intereses donde confluyen distintas células delictivas. Según testimonios de habitantes, incluso elementos del Ejército Mexicano han tomado partido por alguno de estos grupos, complicando aún más el panorama.
Esta alianza entre el crimen organizado, autoridades estatales y partidos políticos ha derivado en desplazamientos forzados de cientos de familias que han sido víctimas de la violencia. Los habitantes denuncian el despojo de sus tierras, el robo de propiedades, cosechas y animales, así como amenazas directas que incluyen violaciones, incendios de viviendas y asesinatos.
“El miedo es constante. Nos hemos quedado sin nada, y lo poco que nos quedaba nos lo quitaron con violencia”, relata un habitante desplazado de la región fronteriza, quien pidió mantener su identidad en anonimato por temor a represalias.
El 9 de octubre, en el municipio de Ixhuatán, se registró un enfrentamiento armado que dejó al menos dos muertos. Este evento se suma a una serie de hechos violentos que han puesto en jaque a las comunidades rurales de Chiapas. Los habitantes temen represalias no solo de los grupos armados, sino también de las autoridades, a quienes acusan de estar coludidas con el crimen organizado.
Las advertencias contra las comunidades se han intensificado, y los pobladores señalan que las amenazas de violar a mujeres y quemar casas son utilizadas como una forma de control territorial. “No podemos confiar ni en los militares ni en las autoridades locales. Todos están involucrados de alguna manera”, aseguró otro testigo.
La falta de acción efectiva por parte de los gobiernos estatal y federal ha sido motivo de fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Chiapas, históricamente marcado por desigualdades sociales y económicas, enfrenta ahora una crisis de violencia que podría tener consecuencias aún más devastadoras si no se toman medidas urgentes.
La Iglesia Católica, a través de sacerdotes como Marcelo Pérez, había sido uno de los pocos actores que alzaban la voz en defensa de las comunidades vulnerables. Su asesinato deja un vacío profundo y plantea serias interrogantes sobre el futuro de la lucha por la justicia y la paz en Chiapas.
Mientras tanto, las comunidades continúan luchando por su supervivencia, desplazándose de sus tierras ancestrales y buscando refugio en zonas más seguras. Sin embargo, el sentimiento de abandono y desprotección prevalece. “Estamos solos, olvidados. Nadie nos escucha”, lamenta una mujer desplazada de la región.
El Gobierno mexicano enfrenta el desafío de atender esta crisis, desmantelar las redes de complicidad entre autoridades y crimen organizado, y devolver la esperanza a un estado que clama por paz y justicia.
