Falta de recursos y sensibilidad se convierten en obstáculos para la atención de víctimas migrantes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha encendido la indignación entre organizaciones civiles y defensoras de los derechos migrantes en la Frontera Sur de Chiapas. Este panorama refuerza la percepción de abandono por parte del organismo hacia una región que enfrenta una profunda crisis de derechos humanos, tanto para migrantes como para la población local.
La directora de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimuni), Fabiola Díaz, lamentó que la reelección de Piedra Ibarra no solo significa un golpe para las víctimas, sino también un reto adicional para las organizaciones que intentan suplir las funciones que debería cumplir la CNDH.
Las críticas hacia la CNDH van más allá de la falta de acción. Díaz señaló que la institución a menudo simula atender casos, pero rara vez da seguimiento real. La falta de recursos básicos, como psicólogos para atender a víctimas, evidencia una desconexión alarmante con las necesidades de quienes enfrentan violaciones a sus derechos.
Organizaciones civiles han decidido tomar la iniciativa ante el vacío institucional, enfocándose en estrategias de prevención y concientización. Sin embargo, este esfuerzo independiente es limitado frente a una problemática que exige coordinación y respaldo de un organismo nacional como la CNDH. “La designación de Piedra Ibarra refleja la falta de sensibilidad del Gobierno hacia las comunidades más vulnerables de la Frontera Sur”, añadió Díaz.
La Frontera Sur necesita urgentemente instituciones comprometidas y efectivas para abordar la crisis migrante y las vulneraciones a los derechos humanos. La indiferencia de la CNDH no solo debilita la confianza de la ciudadanía, sino que perpetúa un estado de desamparo en una región que enfrenta diariamente retos sociales y humanitarios.
