Padres de familia urgen a autoridades y directivos esclarecer las causas de esos hechos para evitar más incidentes
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La creciente incidencia de intoxicaciones en escuelas de Chiapas ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de los entornos educativos frente al consumo de sustancias nocivas. Siete casos registrados en apenas dos años evidencian una crisis que pone en riesgo la salud y la integridad de los estudiantes, mientras autoridades, directivos y padres de familia permanecen sin respuestas claras ni acciones efectivas para abordar el problema.
El caso más reciente ocurrió el 11 de noviembre en la Escuela Preparatoria número 4 de Tapachula, donde una alumna fue atendida de emergencia tras presentar síntomas de intoxicación. Aunque su vida no corrió peligro gracias a la intervención oportuna de paramédicos, el evento reflejóuna preocupante continuidad en este tipo de incidentes, que ya habían sacudido otras escuelas de la región.
Episodios similares han dejado huellas alarmantes. Bochil fue escenario del caso más grave en 2022, cuando 110 estudiantes de una secundaria presentaron cuadros de intoxicación, y 57 de ellos necesitaron atención médica. En Tapachula, casos recurrentes en preparatorias y secundarias acumulan decenas de afectados, algunos con síntomas tan severos como convulsiones y desmayos. Pese a ello, prevalecen el hermetismo y la falta de medidas preventivas en las instituciones.
El miembro del Consejo local de padres de familia, José Antonio Chol, calificó la situación como una “crisis desatendida”. Señaló que es imperativo investigar y esclarecer las causas detrás de estas intoxicaciones, ya sea por consumo directo de sustancias o exposición a productos contaminados. Sin medidas claras y una comunicación efectiva entre directivos, autoridades y padres, advirtió que la seguridad de los estudiantes continuará en riesgo.
La reiteración de estos casos no solo refleja una falta de control en los entornos escolares, sino también la urgencia de establecer protocolos de prevención y detección temprana. Ante la omisión generalizada, la comunidad educativa enfrenta el reto de priorizar la salud de los estudiantes sobre el silencio institucional. Estos hechos son un recordatorio de que proteger a la juventud requiere compromiso y acción inmediata de todas las partes involucradas.
