La violencia se ha disparado en el último sexenio, con las amenazas como uno de los delitos más frecuentes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En el último sexenio, Chiapas ha registrado un aumento alarmante en las denuncias por amenazas, un delito que se ha disparado en un 293 por ciento desde 2019. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación por amenazas pasaron de 629 a dos mil 472 entre 2019 y 2023, lo que coloca a la entidad como la de mayor incremento en este delito a nivel nacional.
El principal motor detrás de este incremento es la lucha por el control territorial entre células del crimen organizado, que han intensificado su presencia en el estado. A estos grandes actores se suman bandas locales como “El Machete” y “Los Motonetos”, quienes han hecho de la extorsión una de sus principales fuentes de ingresos.
Este crecimiento de las extorsiones no es solo una cuestión de cifras. Los chiapanecos se han visto atrapados en una dinámica en la que el miedo se ha normalizado. Las amenazas van desde intimidaciones directas hasta el cobro de “derechos de piso”, lo que ha afectado la economía local. Comerciantes y habitantes de varias zonas del estado se enfrentan a una disyuntiva: pagar para proteger sus negocios o arriesgarse a sufrir consecuencias violentas.
Aunque las autoridades han intentado frenar la expansión de estas bandas, los esfuerzos han sido insuficientes. En 2022, por ejemplo, las denuncias por amenazas crecieron a mil 418, y en 2023, la cifra llegó a los dos mil 472 casos, lo que demuestra la incapacidad del Gobierno para contener esta ola de extorsión. La falta de una estrategia integral para desarticular las redes criminales y la escasa presencia policial en zonas clave de la entidad han favorecido la impunidad.
El aumento de las amenazas en la entidad es un claro reflejo de la descomposición de la seguridad pública en el estado. La situación requiere de una respuesta que no solo se enfoque en la represión del crimen, sino también en la protección a las víctimas y el fortalecimiento del sistema de justicia.
