El avance se enmarca en un contexto nacional donde los derechos reproductivos han sido objeto de intensos debates
ARGENIS ESQUIPULAS /PORTAVOZ
Chiapas se convierte en un referente nacional en la defensa de los derechos reproductivos al aprobar la despenalización del aborto. En una sesión histórica, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado modificó el marco legal para garantizar este derecho, en cumplimiento con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con 33 votos a favor y solo uno en contra, el Congreso aprobó reformas al Código Penal y a la Constitución Política de Chiapas, eliminando restricciones que limitaban el acceso a la interrupción legal del embarazo. Esta decisión representa un cambio de paradigma en una entidad caracterizada por profundas desigualdades de género y un entorno conservador.
La reforma al Código Penal y la Constitución local implica la eliminación del artículo 181 del Código Penal, el cual establecía causales específicas para no penalizar el aborto. Dichas causales incluían casos de violación, riesgo de muerte para la persona gestante y malformaciones genéticas o congénitas en el producto.
Con esta modificación, la entidad se alinea con el criterio establecido por la SCJN, que en noviembre pasado declaró inconstitucional dicho artículo, argumentando que imponer causales limita y vulnera los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
En particular, se reformó el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política del estado. Antes de esta reforma, la redacción protegía la vida desde la concepción, una disposición que excluía de manera implícita los derechos reproductivos. Ahora, el texto reconoce el derecho a la vida sin excluir las disposiciones previstas en la legislación penal, permitiendo la interrupción del embarazo bajo las nuevas normativas.
El avance legislativo responde a una resolución del Pleno de la SCJN que invalidó las restricciones previas al aborto en la entidad. En su fallo, la Corte argumentó que dichas disposiciones contravenían los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, destacando que el castigo penal perpetúa estigmas y desigualdades para las mujeres y personas con capacidad de gestar, como hombres trans y personas no binarias.
“La resolución tendrá efectos retroactivos al momento de la entrada en vigor del precepto invalidado, es decir, al 4 de mayo de 2023, una vez que sean notificados sus puntos resolutivos al Poder Legislativo del Estado de Chiapas”, señaló la SCJN en su comunicado oficial.
Asimismo, la Corte vinculó al Congreso local para garantizar la eliminación de las causales en un plazo máximo que coincide con el inicio del próximo periodo legislativo. Este mandato fue resultado de una acción de inconstitucionalidad presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos.
La aprobación de estas reformas fue celebrada por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, quienes han luchado durante años por garantizar la justicia reproductiva en un estado donde las brechas de género son profundas. “Es un avance crucial para las mujeres de la región, que han enfrentado barreras históricas para ejercer su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos”, señaló una representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).
Por otro lado, grupos conservadores han manifestado su rechazo. Líderes religiosos y organizaciones provida anticiparon que buscarán promover acciones legales para revertir la reforma. “La vida desde la concepción debe ser protegida. Esto es un retroceso para los valores de nuestra sociedad”, declaró un representante de una coalición provida en la entidad.
La despenalización del aborto en la comarca no solo marca un precedente legal, sino que también plantea importantes desafíos para garantizar la implementación efectiva de este derecho.
Entre los retos identificados por especialistas se encuentra la capacitación del personal médico en instituciones públicas para atender los procedimientos de interrupción del embarazo de manera segura y respetuosa. Además, se requiere el diseño de protocolos claros para garantizar el acceso en comunidades rurales e indígenas, donde las barreras culturales y de infraestructura limitan el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.
Según datos de organizaciones civiles, Chiapas tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en el país, un indicador que refleja la falta de educación sexual integral y el acceso limitado a métodos anticonceptivos. La implementación de estas reformas debe ir acompañada de políticas públicas integrales que aborden estas problemáticas de raíz.
El avance se enmarca en un contexto nacional donde los derechos reproductivos han sido objeto de intensos debates. Desde septiembre de 2023, la SCJN determinó que la penalización del aborto en el Código Penal Federal era inconstitucional, lo que sentó las bases para que las entidades federativas armonizaran sus legislaciones locales.
El estado se suma ahora a un grupo creciente de estados que han reconocido el derecho a la interrupción legal del embarazo, contribuyendo a una tendencia nacional hacia la justicia reproductiva. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer en entidades donde persisten leyes restrictivas y un acceso desigual a los servicios de salud.
La despenalización del aborto en la entidad es un logro histórico que refleja el avance hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Este cambio no solo responde a un mandato judicial, sino también a las exigencias de una ciudadanía que demanda justicia reproductiva y el fin de la criminalización.
Sin embargo, el verdadero impacto de estas reformas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad de las autoridades para garantizar que este derecho sea accesible para todas las personas, sin importar su origen, género o condición social. La región ha dado un paso firme hacia el futuro; el reto ahora es consolidarlo como una realidad tangible para quienes más lo necesitan.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso significativo en la lucha por los derechos reproductivos en la comarca al invalidar el artículo 181 del Código Penal estatal. Este artículo restringía la interrupción del embarazo a tres únicas circunstancias: cuando era producto de una violación, si la mujer o persona gestante enfrentaba peligro de muerte, o si el producto presentaba alteraciones genéticas o congénitas. La decisión, tomada por unanimidad, representa un avance hacia la despenalización del aborto en la entidad, aunque no implica su legalización inmediata.
La SCJN argumentó que las limitaciones del artículo 181 atentaban contra los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contraviniendo principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. En su resolución, los ministros y ministras determinaron que la sentencia tendría efectos retroactivos. Esto significa que todas las personas sancionadas bajo este artículo desde su publicación, el 4 de mayo de 2023, deben ser absueltas.
Sin embargo, este fallo no implica que el aborto sea legal en el estado. Dado que la Suprema Corte carece de facultades legislativas, ordenó al Congreso estatal que en su próximo periodo de sesiones elimine las sanciones penales para quienes decidan interrumpir un embarazo y regule el acceso legal al aborto. Este mandato representa un desafío político y social, considerando que la comarca es una de las entidades con mayores índices de desigualdad y un arraigo cultural que podría obstaculizar la implementación de estas reformas.
El caso que llevó a esta resolución fue impulsado por organizaciones feministas como Abortistas MX, quienes solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 181. Este esfuerzo subraya el papel crucial de las colectivas y asociaciones civiles en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el país.
La anulación del artículo se suma a una serie de decisiones históricas de la SCJN en favor de la autonomía reproductiva, como la que en 2021 invalidó disposiciones similares en Coahuila y Sinaloa, sentando precedentes para otras entidades.
Mientras la entidad da un primer paso hacia la legalización del aborto, San Luis Potosí se convirtió recientemente en la decimosexta entidad en despenalizarlo. El pasado 7 de noviembre, el Congreso local aprobó reformas a los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal, eliminando sanciones para las mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo, así como para el personal médico y las parteras que las acompañen.
Este avance en San Luis Potosí fue posible gracias a una sentencia de amparo emitida por el juez del Juzgado Tercero de Distrito, quien declaró inconstitucionales diversas disposiciones del Código Penal y de la Constitución estatal. Este caso, promovido por la organización Colectiva ILE, pone de manifiesto la importancia de los litigios estratégicos en la consecución de derechos reproductivos.
En México, las entidades que ya garantizan el acceso legal al aborto son: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Jalisco y Michoacán. Estas reformas no solo despenalizan el aborto, sino que también aseguran el acceso a servicios de salud seguros y gratuitos, promoviendo la equidad en el ejercicio de este derecho.
