Han llamado a la comunidad internacional a prestar atención a este caso y exigir cumplimiento cabal de responsabilidades
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
A un año de la desaparición de 10 ciudadanos guatemaltecos en los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec, Chiapas, las familias de las víctimas siguen enfrentando un panorama de incertidumbre, desatención e indolencia por parte de las autoridades mexicanas y guatemaltecas. Los desaparecidos, originarios de Suchitepéquez, Guatemala, ingresaron a México el 13 de noviembre de 2023 con el propósito de vender animales de corral y servicios de telefonía. Sin embargo, tres días después, dejaron de comunicarse con sus familias, dejando un vacío que aún no ha sido esclarecido.
Durante este año, las familias han emprendido una batalla legal, emocional y social para exigir justicia y respuestas concretas. En su desesperación, han sostenido reuniones con autoridades de ambos países, han sido víctimas de extorsiones y engaños, y han enfrentado numerosos obstáculos burocráticos que complican la búsqueda de sus seres queridos. En este proceso, las familias han contado con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han alzado la voz para exigir el cumplimiento de medidas urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.
El 21 de diciembre de 2023, este comité instó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación penal exhaustiva y diligente, así como a garantizar la búsqueda en vida de los desaparecidos. Sin embargo, las familias denuncian que estas recomendaciones no han sido cumplidas de manera efectiva, lo que ha prolongado el sufrimiento y la incertidumbre.
Los desaparecidos son: Leonardo Morales Álvarez, Juan Francisco Morga de León, Amílcar Isaac Enríquez Villatoro, Jorge Luis De León, Dan Josué Rosales Tzunún, Juan Carlos Calel de León, Mayco Josué Morga Enríquez, Julio César Vásquez Pérez, Juan Francisco Tupul García y el menor Luis Alberto Vásquez Sarat. Todos ellos salieron de sus hogares en Suchitepéquez con la esperanza de mejorar su situación económica, pero nunca regresaron.
En una reunión celebrada el 30 de agosto de 2024, autoridades de México y Guatemala se comprometieron a informar sobre las acciones y resultados en la búsqueda de los desaparecidos. Las familias agradecieron los esfuerzos iniciales del Gobierno guatemalteco, como visitas domiciliarias para evaluar las condiciones psicosociales de los afectados. Sin embargo, lamentaron la falta de resultados concretos y la incapacidad de las autoridades mexicanas para proporcionar información clara sobre el plan de búsqueda.
Entre los principales puntos pendientes se encuentran:
1. La federalización del caso: Las familias han solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) de México asuma la investigación bajo el delito de desaparición forzada, dado que las autoridades locales de Chiapas han demostrado serias deficiencias en su actuar.
2. Protección a las familias: Durante el proceso, las familias han sido víctimas de extorsiones y hostigamientos, lo que ha generado un clima de miedo y vulnerabilidad. Hasta ahora, las medidas de protección no han sido suficientes para garantizar su seguridad.
3. Visados humanitarios: A pesar de las promesas iniciales, las familias aún no han recibido los visados necesarios para trasladarse a Chiapas y participar activamente en las investigaciones.
En este aniversario, las familias reiteraron su lista de exigencias a ambos gobiernos:
– Un plan de búsqueda claro y detallado:
Incluyendo cronogramas y resultados parciales sobre los avances.
– Información sobre los perpetradores: Las familias exigen que se identifique y sancione a los responsables de la desaparición.
– Reconocimiento como víctimas: Tanto las personas desaparecidas como sus familias deben ser reconocidas como víctimas para acceder a apoyos legales, psicosociales y económicos.
– Atención integral: Un enfoque diferenciado y con perspectiva de género en la atención a las familias, que incluya apoyo psicológico y socioeconómico.
Las familias expresaron su frustración ante las autoridades de Chiapas, quienes han dificultado el acceso a expedientes y han mostrado una actitud de desinterés. Además, la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones mexicanas y guatemaltecas ha sido un obstáculo constante.
“Nos hemos reunido con ellos, hemos contado nuestra historia, pero seguimos sin respuestas. Solo queremos saber qué pasó con nuestros seres queridos”, declaró uno de los familiares.
Ante la falta de avances, las familias han solicitado la intervención de organismos internacionales para que supervisen el caso y emitan recomendaciones vinculantes. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sigue siendo una esperanza para los familiares, quienes buscan que sus medidas urgentes sean implementadas en su totalidad.
A un año de la desaparición, las familias no pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos. “No descansaremos hasta saber dónde están”, afirman. En medio de un panorama de incertidumbre, su lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia y amor incondicional.
El caso de los 10 guatemaltecos desaparecidos en Chiapas evidencia la crisis de derechos humanos que atraviesa la región y la urgente necesidad de una respuesta contundente por parte de los gobiernos. Mientras tanto, las familias seguirán exigiendo justicia, recordando al mundo que detrás de cada nombre hay una vida, una historia y un futuro que no puede ser olvidado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió un comunicado en el que se acusa al Estado mexicano de ser “omiso” en atender las exigencias de los familiares de ciudadanos guatemaltecos desaparecidos en la frontera sur del país. Según el documento, las autoridades han mostrado una falta de compromiso al no realizar una investigación exhaustiva que permita localizar a los desaparecidos, dejando a las familias en una situación de incertidumbre y desamparo.
Los familiares, conformados mayoritariamente por mujeres —esposas, madres y hermanas de los desaparecidos—, denunciaron el impacto profundo que la desaparición de sus seres queridos ha tenido en sus vidas. “El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica”, declararon en el comunicado.
Desde abril, las mujeres han participado activamente en las labores de búsqueda, pero hasta ahora no han logrado obtener resultados positivos. A pesar de las promesas hechas por las autoridades de Chiapas ese mismo mes, las familias aseguran que no ha habido avances concretos en la investigación ni en el cumplimiento de los compromisos asumidos, entre ellos la presentación de informes sobre los avances, la facilitación de visados humanitarios y el apoyo logístico para su traslado a México.
“Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de ocho meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos”, señalaron.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, las circunstancias de la desaparición masiva resultan difíciles de precisar, puesto que las víctimas guatemaltecas tenían una ruta establecida de venta de pollo que abarcaba varios municipios de la zona fronteriza en Chiapas. Estas localidades incluyen Frontera Comalapa, Siltepec, Chicomuselo, El Porvenir y Motozintla, zonas conocidas por su alta actividad delictiva y la presencia de grupos armados.
Aunque las familias han hecho un esfuerzo constante por buscar respuestas, el contexto de violencia en esta región de Chiapas complica las investigaciones. Las rutas comerciales que seguían los desaparecidos cruzan territorios en disputa por grupos del crimen organizado, lo que añade un elemento de peligro tanto para las familias como para las organizaciones que intentan ayudarlas.
El Frayba calificó la inacción de las autoridades mexicanas como una violación a los derechos humanos, resaltando que el caso no solo implica desapariciones forzadas, sino también un patrón de negligencia e indolencia estatal. Las familias afectadas han solicitado repetidamente apoyo internacional para presionar a las autoridades mexicanas a cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos y ofrecer garantías de seguridad para quienes participan en las labores de localización.
Además de enfrentar la pérdida de sus seres queridos, las familias guatemaltecas han tenido que lidiar con una burocracia que les impide acceder a medidas de apoyo como visados humanitarios, necesarios para continuar con la búsqueda en territorio mexicano.
A pesar de la adversidad, las mujeres que lideran este movimiento no se han rendido. Han llamado a la comunidad internacional a prestar atención a este caso y exigir al gobierno mexicano un cumplimiento cabal de sus responsabilidades. Las familias subrayan que no cesarán en sus esfuerzos hasta que se haga justicia y se esclarezca el paradero de sus allegados.
“La vida de nuestros familiares no puede quedar en el olvido, ni su desaparición en la impunidad”, afirmaron en el comunicado. “Seguiremos denunciando estas omisiones hasta que las autoridades mexicanas actúen con la diligencia y humanidad que este caso merece”.
Mientras tanto, el Frayba continuará brindando acompañamiento a las familias en su búsqueda de justicia, haciendo un llamado a las autoridades mexicanas y guatemaltecas para redoblar esfuerzos y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus seres queridos.
