La incertidumbre crece ante la desinformación que circula en redes sobre los desaparecidos en Emiliano Zapata
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La desaparición de siete personas en el municipio de Emiliano Zapata, ocurrida el pasado 20 de noviembre, ha sido acompañada por un nuevo obstáculo: la desinformación. En los últimos días, rumores y publicaciones en redes sociales aseguraron que las víctimas habían sido localizadas, lo que generó confusión entre familiares y la comunidad. Sin embargo, los parientes desmintieron esta versión, calificándola de falsa y carente de sustento oficial.
“No hay nada, encontraron algunas cosas, pero no los cuerpos”, puntualizaron los familiares en una entrevista con medios locales. La desesperación de no tener noticias concretas se ha visto agravada por la circulación de información no verificada, lo que ha incrementado la angustia en un momento ya crítico. Este tipo de rumores, lejos de ofrecer esperanza, desestabilizan los esfuerzos de búsqueda y fracturan la confianza en las autoridades.
La situación deja al descubierto un problema frecuente en casos de desapariciones: la falta de comunicación clara y oportuna entre las autoridades, los medios y los familiares. El silencio oficial alimenta un vacío que es llenado por especulaciones, lo que genera una doble víctima: los desaparecidos y sus familias, quienes deben lidiar no solo con la pérdida, sino también con la incertidumbre y el ruido mediático.
A pesar de este panorama, los familiares han reiterado su compromiso de continuar la búsqueda y han solicitado la colaboración de la sociedad civil. “Estamos desesperados, no sabemos nada de ellos”, expresaron. La comunidad, lejos de permanecer ajena, tiene la posibilidad de aportar información clave y ejercer presión para que las autoridades intensifiquen las labores de localización.
Mientras la búsqueda continúa, la falta de un informe oficial y el manejo irresponsable de la información exponen una problemática más amplia: la necesidad urgente de protocolos claros y efectivos para atender crisis como esta. Las familias no solo demandan respuestas, sino también un proceso transparente que garantice la seriedad de las investigaciones y la dignidad de las víctimas.