La discriminación y negligencia institucional limitan el acceso a derechos básicos, exponiéndolas a riesgos físicos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En la frontera sur, la violencia contra trabajadoras sexuales sigue siendo una realidad alarmante. Según datos de Brigada Callejera, ocho de cada 10 mujeres dedicadas a esta labor son víctimas de diversos tipos de agresiones. Aunque su trabajo las enfrenta a múltiples riesgos, el 73 por ciento de estas agresiones provienen de servidores públicos, incluidos agentes de justicia y personal del sector salud, quienes deberían ser garantes de derechos, no transgresores.
La presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero, señaló que estos casos incluyen desde maltratos físicos y psicológicos hasta abusos económicos y sexuales. En muchos casos, las mujeres son extorsionadas o sufren maltratos durante revisiones médicas. Las denuncias documentaron golpes, fracturas y hasta intentos de envenenamiento, reflejo de un sistema que normaliza la agresión hacia ellas.
Uno de los problemas más graves es la negligencia en los servicios de salud. Muchas trabajadoras son obligadas a realizarse costosas pruebas en laboratorios vinculados a funcionarios, mientras los centros públicos de atención permanecen fuera de su alcance. Este contexto no solo refuerza la desigualdad, sino que perpetúa la discriminación hacia las mujeres que ejercen este oficio.
La violencia estructural también se extiende al ámbito social. De acuerdo con Brigada Callejera, trabajadoras sexuales enfrentan estigmatización y deshonra por parte de instituciones como el DIF, que las considera incapaces de cuidar a sus hijos. Además, el personal médico las menosprecia, negándoles un trato digno o enviándolas a realizar pruebas en condiciones cuestionables.
Frente a esta realidad, la organización ha implementado programas de capacitación para promover la salud entre las trabajadoras sexuales, al fomentar la autogestión y el autocuidado. Sin embargo, Madrid Romero subrayó que estos esfuerzos no sustituyen la responsabilidad estatal de garantizar servicios de calidad y combatir la violencia que se ejerce desde sus propias instituciones.
