Aunque Chiapas se mantiene en la media nacional, los costos del delito alcanzan 31 mil pesos por negocio
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El panorama de la seguridad para las unidades económicas en Chiapas refleja una complejidad que trasciende las cifras. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último año, dos mil 541 establecimientos en el estado fueron víctimas de algún delito. Aunque esta cifra coloca al estado en la media nacional, el aumento del 53.3 por ciento en incidentes desde 2021 evidencia una tendencia preocupante que requiere atención más allá de los números.
Pese a no figurar entre los estados con las tasas más altas de delitos, como Sonora o Aguascalientes, el impacto económico no es menor. En promedio, cada delito contra una unidad económica en la región representó un costo de 31 mil 273 pesos, una carga significativa para los negocios locales, en especial aquellos en sectores vulnerables como el comercio, que concentra el 31.5 por ciento de los incidentes.
Un aspecto clave en esta problemática es la preeminencia de la extorsión, el delito más común, con una tasa de mil 562 casos por cada 10 mil unidades económicas. Esta situación exhibió no solo una falla en la prevención del crimen, sino también un posible déficit en la confianza de los empresarios en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Aunque las cifras nacionales muestran que la prevalencia delictiva disminuyó en tres estados, aumentó en 10 y permaneció sin cambios en 19, la región se encuentra en un punto intermedio que no debe ser motivo de complacencia. La estabilidad en las estadísticas no equivale a progreso si los costos y el impacto económico de los delitos afectan de manera significativa a los negocios locales.
El desafío para la comarca no solo radica en reducir las cifras absolutas de delitos, sino en generar un entorno en el que las unidades económicas puedan operar con seguridad. Esto implica no solo fortalecer las estrategias de prevención y persecución del delito, sino también reconstruir la confianza en las instituciones.
