Solo cinco de 16 alcaldes han mostrado interés en combatir esta problemática que aqueja a la región
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
A más de dos meses de iniciar las nuevas administraciones municipales en el Soconusco, la atención a la violencia contra las mujeres sigue siendo una asignatura relegada. De los 16 alcaldes de la región, apenas cinco han mostrado interés en enfrentar este problema creciente, según la presidenta de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega. Este panorama reflejó no solo apatía política, sino una negligencia alarmante frente a una crisis que afecta a cientos de mujeres en Tapachula, donde se registran más de 600 casos en lo que va del año.
El enfoque integral que exige este problema no ha sido prioridad para los municipios, pese a la urgencia de implementar estrategias concretas. En las administraciones anteriores, las direcciones de igualdad y género existieron solo de forma simbólica, sin recursos ni personal capacitado para ejecutar políticas efectivas. Sin cambios sustanciales, las actuales gestiones podrían repetir este patrón, que deja a las víctimas sin el apoyo necesario y perpetua un ciclo de violencia.
La falta de albergues en los DIF municipales es otra muestra de esta omisión. Estos espacios son esenciales para brindar refugio a las mujeres que buscan escapar de situaciones de riesgo. Sin alternativas seguras, muchas víctimas se ven obligadas a permanecer con sus agresores, lo que perpetúa su vulnerabilidad y desincentiva la denuncia. La ausencia de infraestructura adecuada no solo pone en peligro a las mujeres, sino que también refleja una falta de compromiso real de las autoridades para protegerlas.
Combatir la violencia de género requiere no solo la asignación de recursos, sino la designación de personal con perfiles adecuados en áreas clave. Abogados, psicólogos y trabajadores sociales son imprescindibles para ofrecer una atención integral y garantizar que las víctimas reciban apoyo legal, emocional y social.
Los alcaldes del Soconusco tienen una responsabilidad ineludible: diseñar políticas públicas que trasciendan el simbolismo y prioricen la seguridad y el bienestar de las mujeres. La violencia de género no discrimina clases sociales ni regiones; ignorarla no solo perpetúa la crisis.
