Establecimientos sin regulación dominan el mercado, lo que limita el acceso a financiamiento y desarrollo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El crecimiento del comercio informal en Tapachula y la región ha alcanzado niveles críticos, con un estimado del 70por ciento de las actividades económicas que operan fuera del marco legal. Esta cifra, alarmante incluso en un contexto nacional donde la informalidad llegó al 54.6 por ciento en 2024, refleja una economía que avanza sin regulaciones claras ni oportunidades equitativas para todos.
El fenómeno no solo afecta al sector empresarial formal, sino que también perpetúa un ciclo de estancamiento. Negocios que operan sin permisos ni contribuciones fiscales evitan costos, pero también renuncian a beneficios como financiamiento y estabilidad. Esta realidad ha generado un entorno de competencia desigual, donde los comercios establecidos luchan por mantenerse rentables en medio de condiciones adversas.
El problema va más allá de la evasión fiscal. La informalidad en Tapachula se concentra en sectores clave como el comercio y los servicios gastronómicos, donde la falta de regulación compromete la seguridad y calidad de los productos. Además, el acceso limitado a financiamiento impide el crecimiento de estos negocios, obligándolos a operar en la precariedad y reduciendo las oportunidades de empleo formal en la región.
Detrás de este crecimiento, persiste una estructura económica debilitada. A pesar de los aumentos en el salario mínimo, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo, haciendo que muchos opten por la informalidad como una vía de ingresos más flexible, aunque sin garantías a futuro. Sin incentivos claros para regularizarse, el problema se ha convertido en un círculo vicioso que las autoridades han sido incapaces de frenar.
Para revertir esta tendencia, se requieren estrategias más allá de la fiscalización. La implementación de campañas informativas, incentivos para la formalización y una mayor coordinación entre Gobierno y sector privado podrían ser claves para construir un entorno económico más justo. Sin acciones concretas, la frontera sur seguirá siendo un terreno fértil para la informalidad, en detrimento del desarrollo sostenible de la región.
