La falta de una ley que proteja la identidad de género obliga a este sector a recurrir a trámites legales costosos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, las mujeres trans enfrentan obstáculos legales y económicos para obtener el reconocimiento de su identidad de género en sus documentos personales. La activista por los derechos de la diversidad sexual, Maricarmen Pereyra Vázquez, ha acompañado a más de 10 mujeres en un proceso de amparo, pero el camino hacia la igualdad legal se ha visto truncado por los altos costos de los trámites, que superan los 30 mil pesos en algunos casos.
El problema no es solo legal; las tarifas exorbitantes que cobran a las personas trans por acceder a sus derechos, se han convertido en un lujo inaccesible. La falta de un marco legal que reconozca de manera oficial la identidad de género lleva a que muchos juristas aprovechen la vulnerabilidad del colectivo, lo que genera una brecha aún más amplia para quienes carecen de recursos. Este sistema crea una exclusión que va más allá de lo legal: se convierte en una barrera económica insostenible.
El reconocimiento de la identidad de género no solo es un asunto de documentos, sino que afecta el acceso a servicios y empleos formales. Muchas mujeres trans, sin la posibilidad de adecuar sus documentos, enfrentan discriminación en todos los ámbitos. La falta de identidad legal las coloca en una situación de vulnerabilidad, donde recurrir al autoempleo o el trabajo sexual se convierte en una de las pocas alternativas viables.
El ayuntamiento de Ocozocoautla ha mostrado un ejemplo de solidaridad al financiar el primer amparo en la región para una mujer trans. Este gesto, que se espera termine en una resolución favorable, marcó un hito en un estado donde la legislación aún está rezagada. Aunque aún no es suficiente, esta acción es un paso hacia la visibilidad y el reconocimiento de los derechos de las personas trans en la entidad.
A pesar de las dificultades, el activismo sigue en la lucha por cambiar esta realidad. La comunidad trans de Chiapas continúa exigiendo justicia, no solo en los tribunales, sino en la sociedad en general, donde el derecho a la identidad de género debe ser accesible para todos, sin importar su clase social o su capacidad económica.
