Este tipo de tácticas se intensificó luego de operativos de seguridad realizados en las primeras semanas de enero
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En Chiapas, los grupos criminales han encontrado en las redes sociales una herramienta eficaz para difundir temor y ejercer control psicológico sobre la población, advirtió Óscar Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Durante una conferencia de prensa el 19 de enero, el funcionario detalló cómo estas organizaciones emplean plataformas digitales para propagar desinformación y manipular a comunidades enteras, logrando que los habitantes participen en acciones que obstaculizan la labor de las autoridades.
“El objetivo de estas publicaciones no solo es desinformar, sino también meterse en las mentes de las personas, sembrar miedo y desconfianza hacia las instituciones. Esto es una estrategia de control social”, puntualizó Aparicio Avendaño.
La declaración del secretario se dio en el contexto de denuncias recientes que circularon en redes sociales, las cuales alertaban sobre el regreso de miembros del crimen organizado a ejidos en Frontera Comalapa. Estas publicaciones generaron pánico entre los habitantes, quienes, en algunos casos, se vieron obligados a bloquear carreteras para impedir el acceso de las autoridades, bajo amenazas directas o indirectas de los grupos delictivos.
Esta situación se agrava en regiones donde, según el SSP, las organizaciones criminales ejercen una influencia significativa sobre la población, valiéndose no solo del miedo sino también de promesas de protección o recursos. Aparicio Avendaño explicó que este tipo de tácticas se intensificó luego de los operativos realizados en las primeras semanas de enero, en los que se aseguraron vehículos blindados, conocidos como “monstruos”, y se logró el rescate de ocho personas migrantes en situación de secuestro.
El operativo al que el secretario hizo referencia se llevó a cabo el pasado 3 de enero, en el que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron un despliegue en la región de Frontera Comalapa. En la intervención, además de los vehículos blindados, se decomisaron armas de alto poder y otros equipos utilizados por el crimen organizado.
El secretario destacó que estos resultados son parte de una estrategia integral para combatir las estructuras criminales en la entidad, que incluyen acciones de inteligencia, patrullajes conjuntos y despliegues sorpresa. Sin embargo, Aparicio Avendaño reconoció que los grupos criminales han buscado adaptarse a las acciones del Gobierno, utilizando las redes sociales como un nuevo campo de batalla.
“El crimen organizado está evolucionando, y ahora no solo opera en el terreno físico, sino también en el digital. Esto nos obliga a replantear nuestras estrategias de comunicación y a fortalecer los vínculos con la ciudadanía para combatir la desinformación”, afirmó el funcionario.
Otro de los puntos destacados durante la conferencia fue la detención, el pasado 5 de enero, de José Antonio Villatoro Herrera, presidente municipal interino de Frontera Comalapa. Villatoro Herrera enfrenta investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) por delitos como desaparición forzada, homicidio, extorsión agravada, corrupción y desvío de recursos.
El funcionario había sido señalado en reiteradas ocasiones por supuestos vínculos con grupos de la delincuencia organizada y su brazo armado conocido como “El Maíz”. Según Aparicio Avendaño, esta detención representa un golpe significativo a las redes de complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado, pero también subrayó que es necesario continuar desmantelando las estructuras de poder que operan en esta región.
“La colusión entre autoridades y grupos criminales es uno de los mayores retos para el estado. No podemos permitir que quienes deberían proteger a la población sean parte de las mismas estructuras que la dañan”, señaló.
El secretario de Seguridad del Pueblo reconoció que el impacto de estas dinámicas de control y desinformación es especialmente grave en comunidades indígenas y rurales, donde las condiciones de vulnerabilidad social y económica facilitan la infiltración de los grupos criminales.
Aparicio Avendaño instó a la ciudadanía a no dejarse manipular por el contenido que circula en redes sociales, y llamó a las comunidades a denunciar cualquier acto de intimidación o presencia sospechosa de grupos armados. Además, destacó la importancia de trabajar en conjunto con los tres órdenes de Gobierno y las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en estas zonas.
“Las comunidades no están solas. Seguiremos fortaleciendo los operativos y la presencia de la policía en las zonas más afectadas, pero también necesitamos el apoyo de la sociedad para identificar y desarticular estas redes criminales”, concluyó.
La conferencia de prensa dejó en claro que, si bien se han obtenido avances significativos en la lucha contra el crimen organizado, el panorama sigue siendo complejo. La manipulación de redes sociales por parte de los grupos criminales es solo una de las muchas formas en las que estas organizaciones intentan perpetuar su control en el estado.
En el marco de una serie de eventos recientes relacionados con la violencia e inseguridad en Chiapas, las autoridades estatales han manifestado su postura respecto a los presuntos llamados de auxilio realizados por habitantes de comunidades afectadas, Aparicio Avendaño, señaló que dichos llamados podrían estar vinculados a estrategias de los grupos delictivos para desacreditar a las instituciones de seguridad y mantener el control mediante el miedo.
“Los delincuentes buscan denostar el trabajo de las autoridades, buscan meterse en las mentes de las personas y seguir manipulándolas con el miedo”, expresó el funcionario. Sus declaraciones surgen en un contexto donde los rumores de desplazamientos forzados, enfrentamientos y bloqueos carreteros han generado incertidumbre entre la población chiapaneca, especialmente en las regiones más vulnerables.
Avendaño explicó que, en algunas localidades, las organizaciones criminales han recurrido a tácticas como la coacción de la ciudadanía para obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad. Según indicó, las células delictivasobligan a los pobladores a bloquear carreteras estratégicas, impidiendo así el acceso de las autoridades a puntos críticos.
“Sabemos que muchas de las organizaciones criminales usaban a los ciudadanos, los mandaban como carne de cañón para tapar el paso a las autoridades, justo para evitar que hicieran su trabajo”, añadió. Estas acciones no solo buscan entorpecer las labores de seguridad, sino también perpetuar un clima de tensión en las comunidades afectadas, donde la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo alta.
En el mismo evento, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó el compromiso de las fuerzas de seguridad estatales para combatir la delincuencia y la impunidad. Recalcó que, a pesar de las adversidades, la Fiscalía continuará actuando en favor del pueblo chiapaneco, sin vínculos o intereses con grupos de poder, ya sean políticos, sociales o delictivos.
“Si hay denuncia, no nos va a temblar la mano para actuar. No tenemos compromiso con ningún grupo político, ningún grupo social y ningún grupo delictivo, el único compromiso que tenemos nosotros es con el pueblo de Chiapas. Nuestra responsabilidad es que la ley se cumpla”, enfatizó LlavenAbarca.
El funcionario hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier acto ilícito, garantizando que las autoridades no escatimarán esfuerzos para dar seguimiento a cada caso. Además, subrayó que se trabaja de manera coordinada con otras instancias de seguridad para enfrentar la creciente influencia de grupos criminales en las regiones más afectadas.
Las declaraciones de las autoridades se dan en un contexto de creciente tensión en Chiapas, donde las actividades delictivas y los enfrentamientos entre criminales han intensificado la crisis de seguridad. Las comunidades indígenas y rurales han sido particularmente vulnerables a estas dinámicas, siendo utilizadas en ocasiones como escudos humanos en los conflictos entre grupos armados y fuerzas de seguridad.
Los bloqueos carreteros, además de obstaculizar la labor de las autoridades, han generado afectaciones económicas y sociales en diversas regiones, incluyendo el desabasto de alimentos y medicinas. A pesar de los esfuerzos por retomar el control, algunos sectores de la población permanecen escépticos ante la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad.
Si bien las autoridades señalan que los grupos criminales manipulan a la población para generar caos y desacreditar su trabajo, las organizaciones de derechos humanos han advertido que estas acusaciones deben manejarse con cautela. Para algunas de estas organizaciones, las declaraciones oficiales podrían invisibilizar las necesidades reales de las comunidades afectadas, quienes viven en un contexto de abandono institucional y violencia estructural.
La situación en Chiapas pone de relieve la complejidad del conflicto, donde la delincuencia organizada, la desconfianza ciudadana y la debilidad de las instituciones crean un círculo vicioso difícil de romper. Mientras tanto, los llamados de las autoridades a la denuncia y a la colaboración ciudadana se enfrentan al miedo latente de represalias por parte de los grupos delictivos.
El secretario de Seguridad Pública y el titular de la Fiscalía coincidieron en que la única manera de enfrentar la crisis es con una estrategia integral que combine el uso legítimo de la fuerza con acciones de prevención, atención social y desarrollo económico. Sin embargo, para que estas estrategias funcionen, es fundamental recuperar la confianza de las comunidades y garantizar su protección frente a los abusos de cualquier actor, ya sea delictivo o institucional.
A medida que el Gobierno de Chiapas refuerza su discurso sobre el compromiso con la seguridad, las comunidades continúan enfrentando un panorama incierto. La esperanza de una solución radica en la capacidad de las instituciones para demostrar resultados efectivos y en la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un entorno más seguro y justo.
