Muchas veces las denuncias quedan en el limbo porque autoridades siguen operando
con prejuicios y prácticas machistas
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En Chiapas, la impunidad sigue siendo el escudo de muchos funcionarios públicos que,
amparados en sus cargos, ejercen violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Sin embargo, la sociedad civil ya no está dispuesta a callar. Alma Rosa Cariño Pozo,
representante de la Colectiva 50+1, lanzó un enérgico llamado al Gobierno estatal para
que aplique todo el peso de la ley contra los servidores públicos señalados como
presuntos responsables de agresiones. “Nadie debe estar exento de la aplicación de la ley.
Chiapas exige justicia y paz en todos los casos”, afirmó con contundencia.
Sus palabras llegan en un contexto de indignación creciente, puesto que entre los
acusados se encuentra Marco “N”, funcionario de la Agencia Digital Tecnológica del
Estado de Chiapas, contra quien pesa una denuncia por presuntos delitos de violencia de
género. El señalamiento de un servidor público en un cargo estratégico solo evidencia la
profundidad del problema: no se trata de casos aislados, sino de un patrón de abuso de
poder que ha sido sistemáticamente encubierto.
El llamado de la Colectiva 50+1 no es fortuito. Esta organización, integrada por mujeres de
distintas afiliaciones políticas y profesiones, ha sido testigo de cómo la violencia de género
sigue cobrando víctimas en un estado donde la justicia se aplica a cuentagotas. “Nuestra
exigencia es clara: que se aplique la ley. El abuso, acoso, violación y feminicidio no deben
quedar impunes. La Fiscalía debe realizar una investigación exhaustiva, pronta e inmediata
para garantizar justicia”, enfatizó Cariño Pozo.
El panorama en Chiapas es alarmante. De acuerdo con organizaciones feministas y de
derechos humanos, la mayoría de los casos de violencia contra mujeres y menores quedan
impunes. Los procesos judiciales suelen alargarse por años, las víctimas enfrentan
revictimización y, en muchos casos, los agresores siguen en sus cargos sin enfrentar
ninguna consecuencia real.
Pero no solo se trata de que los responsables sean castigados, sino de garantizar la
seguridad de quienes denuncian. “Las mujeres que se han atrevido a denunciar han
enfrentado enormes dificultades. No basta con presentar una denuncia; las víctimas
necesitan medidas de protección porque siempre corren riesgos”, advirtió Cariño Pozo.
La exfiscal Cariño Pozo recordó que el Código Penal de Chiapas es claro en cuanto a los
delitos de violencia de género y sus sanciones, pero la aplicación de la ley deja mucho que
desear. “Confiamos en que estos delitos no serán tolerados y que habrá sentencias
ejemplares. La Fiscalía General del Estado debe hacer su trabajo de manera eficiente.
Nuestra exigencia es cero impunidad”, reiteró.
Sin embargo, el historial de la Fiscalía genera más dudas que certezas. En Chiapas, son
numerosos los casos de mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas mientras sus
denuncias se archivaban sin seguimiento. Organizaciones como el Observatorio Feminista
contra la Violencia de Género han documentado casos en los que las víctimas de violencia,
en lugar de recibir justicia, han sido criminalizadas o ignoradas.
Además, la falta de perspectiva de género en las investigaciones judiciales sigue siendo un
obstáculo. La revictimización es una constante y muchas veces las denuncias quedan en el
limbo porque las autoridades siguen operando con prejuicios y prácticas machistas. “No
queremos discursos, queremos acciones. La justicia no debe depender de la voluntad
política del momento”, insistió Cariño Pozo.
EL COSTO DE DENUNCIAR
Para muchas víctimas de violencia, denunciar no solo implica un desgaste emocional y
psicológico, sino también un riesgo para su seguridad. En Chiapas, los mecanismos de
protección a mujeres en situación de violencia son deficientes y, en muchos casos,
inexistentes.
Las casas de refugio tienen pocos recursos y no hay suficientes programas de atención
integral para las víctimas. Peor aún, la corrupción dentro de las instituciones encargadas
de garantizar la seguridad y la justicia hace que muchas mujeres desistan de sus denuncias
por miedo a represalias.
El caso de Marco “N” debe servir como un punto de inflexión. No basta con que se inicie
una investigación; la sociedad exige resultados concretos. Si las autoridades permiten que
un funcionario acusado de violencia de género continúe en su puesto sin enfrentar
consecuencias, el mensaje que envían es claro: la impunidad seguirá protegiendo a los
agresores.
Más allá de los casos individuales, lo que Chiapas necesita es una reforma estructural en el
sistema de justicia para que la violencia de género deje de ser tolerada. Se requiere una
Fiscalía con verdadera independencia, protocolos de atención eficientes y un compromiso
real con la protección de las víctimas.
Las mujeres chiapanecas no pueden seguir esperando. Cada día que pasa sin justicia es un
día en el que más mujeres y niñas están en peligro. La Colectiva 50+1 ha sido clara: no
habrá tolerancia para la impunidad, sin importar quién sea el agresor o el cargo que
ocupe.
El Gobierno estatal tiene la responsabilidad de demostrar que en Chiapas la justicia no es
solo una promesa vacía. La ciudadanía está vigilante, y el mensaje es claro: quien violente
a una mujer o a un menor de edad debe enfrentar la ley sin privilegios ni excepciones.
Si la impunidad sigue siendo la norma, la sociedad no tardará en exigir justicia por sus
propios medios. Chiapas ya no puede darse el lujo de seguir encubriendo a sus agresores.
PSICÓLOGA GINA GABRIELA ESQUINCA DENUNCIA A SU PADRE POR ABUSO SEXUAL Y
VIOLENCIA
La psicóloga clínica Gina Gabriela Esquinca Rincón, de 46 años de edad, denunció
públicamente a su padre, Héctor Armando Esquinca Avilés, exdirector de la Escuela de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), por haber ejercido
violencia física, psicológica y abuso sexual en su contra durante su infancia.
A través de una carta publicada en su página de Facebook, Esquinca Rincón afirmó estar
en pleno uso de sus facultades mentales al hacer la denuncia. “Me encuentro en pleno
uso de mis facultades mentales. Soy psicóloga y fui víctima de abuso sexual infantil,
violencia física y psicológica por parte de mi padre Héctor Armando Esquinca Avilés”,
escribió.
La violencia familiar es un fenómeno que ha estado presente en muchas sociedades y que
se manifiesta de diversas formas, siendo la violencia física y sexual dos de las más graves.
El caso de Héctor Armando, denunciado por su propia hija Gina Gabriela, ha puesto en
evidencia no solo el dolor personal de la víctima, sino también la complicidad del entorno
familiar, que ha permitido que estos abusos permanezcan en la oscuridad. Gina expone
que muchos de sus familiares, incluyendo hermanos, abuelos y amigos, son conscientes
de la violencia que su padre ejerció sobre ella y otros miembros de la familia. Este
conocimiento compartido y la falta de intervención han acentuado la gravedad de la
situación.
La denuncia de Gina va más allá de los abusos que sufrió personalmente; revela una
historia de maltrato y abuso sistemático dentro de su familia. Ella afirma que su padre ha
quebrantado la vida de sus hermanos, además de satisfacer sus deseos depredadores en
otros familiares, incluidas violaciones a sus primos. Este patrón de violencia se extiende a
lo largo de generaciones, lo que sugiere que el abuso puede haber sido normalizado
dentro del contexto familiar, un fenómeno tristemente común en muchos hogares en
donde la violencia se perpetúa por la invisibilidad y el silencio que rodea estas situaciones.
En este contexto, la figura de Edgar Arturo Esquinca Avilés, quien cuenta con una
destacada trayectoria académica y un papel importante en la educación, se ve manchada
por las acusaciones que han surgido en su contra y las de su hermano Héctor. La
comunidad académica y la sociedad en general se encuentran en una encrucijada; por un
lado, debe respetarse el derecho a la presunción de inocencia de cualquier acusado hasta
que se muestre evidencia en su contra, pero, por otro lado, la seriedad de las acusaciones
exige una respuesta decisiva y contundente.
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ha emitido un comunicado en el que
reiteró su compromiso con la integridad, el respeto y la protección de los derechos de
todos los miembros de su comunidad universitaria, en respuesta a recientes denuncias de
violencia de género presentadas ante las autoridades.
En un esfuerzo por garantizar un ambiente seguro y respetuoso dentro de la institución, la
UNACH ha decidido suspender a Héctor Armando Esquinca Avilés de sus funciones como
encargado de la Dirección de la Escuela de Ciencias Químicas con sede en Ocozocoautla.
La medida se toma en apego a las disposiciones institucionales, buscando preservar un
entorno adecuado para los estudiantes y el personal académico.
La universidad ha expresado su total disposición para colaborar con las autoridades
competentes en las investigaciones que puedan derivarse de las denuncias presentadas,
reafirmando su compromiso con la justicia y la transparencia en el manejo de los hechos.
“Nuestra institución se mantiene firme en la erradicación de cualquier forma de violencia
de género, acoso o abuso, y trabajamos continuamente en fortalecer los mecanismos para
la atención, prevención y denuncia de estos actos”, señaló el comunicado.
Asimismo, la UNACH ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con la persona
agraviada para brindarle el apoyo necesario, garantizando su seguridad y bienestar
durante el proceso. La universidad también ha dejado claro que se realizarán
procedimientos internos dentro de la Escuela de Ciencias Químicas para identificar
posibles irregularidades y, en su caso, sancionar cualquier comportamiento inapropiado.
La institución hizo un llamado a la comunidad universitaria a utilizar los canales
institucionales disponibles para reportar situaciones de violencia o abuso, asegurando que
quienes denuncien recibirán el acompañamiento y la protección correspondientes.
Además, la UNACH destacó su compromiso con la creación de una cultura de respeto,
equidad e inclusión, promoviendo un entorno académico libre de violencia y
discriminación.
Por último, la Universidad Autónoma de Chiapas reafirmó su compromiso con la
comunidad estudiantil y la sociedad, asegurando que cualquier situación que atente
contra la integridad de sus miembros será tratada con seriedad y diligencia, en busca de
garantizar el bienestar y la justicia para todos los involucrados.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha iniciado
investigaciones tras la denuncia pública, lo que indica un reconocimiento de la gravedad
de la situación. Sin embargo, la implementación de medidas precautorias debe ser
efectiva y garantizar no solo la protección de las víctimas, sino que permita también crear
un entorno donde los abusos no se repitan y se genere conciencia sobre la importancia de
hablar y actuar contra el abuso.
Es fundamental que tanto las instituciones educativas como la sociedad civil se
comprometan a crear espacios seguros y de apoyo para las víctimas de violencia. La
educación sobre la prevención del abuso, junto con políticas claras y efectivas contra la
violencia de género, son pasos imprescindibles hacia una sociedad más justa y equitativa.
