De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas perecieron a causa de una falla orgánica múltiple por intoxicación
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El pasado jueves 14 de febrero, una tragedia sacudió al ejido San Cayetano, Chiapas, cuando tres menores de edad perdieron la vida tras ingerir pan envenenado. La comunidad, consternada por el suceso, exige justicia y respuestas sobre cómo ocurrieron los hechos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los niños, de dos, cuatro y seis años de edad, eran originarios del municipio de Chenalhó y se encontraban en San Cayetano desde el 11 de febrero, acompañados por su madre, con el propósito de visitar a sus familiares.
Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación y ha ordenado la necropsia de los cuerpos de los pequeños, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas tenían 10, ocho y seis años de edad y fallecieron a causa de una “falla orgánica múltiple por intoxicación”, según los peritajes realizados por las autoridades competentes. El pan envenenado, que supuestamente fue colocado con el aval de las autoridades ejidales, tenía como propósito controlar la población de perros callejeros, considerados un problema de salud pública en la zona. No obstante, lo que parecía un acto inhumano contra los animales derivó en una tragedia aún mayor.
LOS HECHOS
Según los primeros reportes, la tarde del 14 de febrero los tres menores pidieron dinero a su madre para comprar dulces en una tienda cercana. Cada uno recibió 10 pesos y emprendió el camino sin imaginar que nunca regresarían con vida. Se presume que, en el trayecto, los niños encontraron piezas de pan contaminadas con veneno y, sin conocer el peligro, las ingirieron.
Al percatarse de que sus hijos tardaban en volver, la madre decidió buscarlos. Su peor temor se hizo realidad cuando los encontró desfallecidos en la entrada de la tienda. Dos de ellos ya no presentaban signos vitales, mientras que el tercero aún estaba con vida y fue trasladado de inmediato a una clínica en Chenalhó. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció poco después.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, lamentó la tragedia y señaló que la principal hipótesis sobre la causa de muerte de los menores es la ingesta de veneno. Ante esta situación, la Fiscalía estatal informó que, tras las investigaciones, se logró la detención de dos personas presuntamente vinculadas con el caso. Se trata de Martín “N” y Bartolo “N”, quienes fungían como funcionarios ejidales de San Cayetano y habrían autorizado la colocación del pan envenenado. Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, en espera de que se defina su situación legal en los próximos días.
El caso ha generado gran conmoción tanto en la comunidad como en la opinión pública, puesto que pone en evidencia los riesgos de métodos no regulados para el control de animales callejeros y la falta de medidas de protección para la población. Organizaciones de derechos humanos y protección animal han condenado lo sucedido, exigiendo justicia para las víctimas y la implementación de estrategias humanitarias para atender la problemática de los perros en situación de calle.
Por su parte, la Fiscalía ha asegurado que continuará con las investigaciones hasta esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos, así como de otros posibles implicados. Mientras tanto, los habitantes de San Cayetano exigen que se tomen medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir en su comunidad.
Este lamentable suceso ha provocado fuertes cuestionamientos sobre las prácticas de control de fauna en la región. Ciudadanos y organizaciones han exigido justicia para los menores y han solicitado sanciones ejemplares para quienes resulten responsables. Asimismo, han hecho un llamado urgente a las autoridades para que implementen estrategias seguras y humanitarias para el manejo de los perros en situación de calle, evitando métodos que pongan en riesgo la vida de personas y animales.
En respuesta a la gravedad del caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que inició de oficio la queja CEDH/086/2025, con la cual dará seguimiento a la investigación y velará por la protección de los derechos de las víctimas indirectas. Además, el organismo instó a las autoridades a reforzar medidas de prevención para garantizar la seguridad de la infancia y de la comunidad en general.
En su pronunciamiento, la CEDH también exhortó a las instancias gubernamentales a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los peligros del uso de sustancias tóxicas y a fortalecer las políticas de salud pública con un enfoque basado en derechos humanos. La colocación de veneno en espacios públicos representa un grave riesgo para la población, en particular para los niños, quienes pueden resultar expuestos a estos compuestos letales.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha asegurado que continuará con las investigaciones hasta esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, garantizando que no habrá impunidad en este caso.
Las autoridades locales han comenzado a recabar pruebas y testimonios que permitan identificar a los responsables de la colocación del veneno.
Mientras tanto, la comunidad de San Cayetano permanece consternada y de luto por la pérdida de los menores. Vecinos y familiares han manifestado su dolor y su preocupación ante la falta de medidas efectivas para evitar tragedias como esta. En respuesta, algunos colectivos han solicitado la implementación de programas de esterilización y adopción de perros callejeros, así como una mayor supervisión sobre el uso de sustancias tóxicas en espacios públicos.
Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha desatado una ola de indignación entre la población. Diversos sectores han exigido a las autoridades esclarecer los hechos y establecer medidas preventivas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
La comunidad de Chenalhó, de donde eran originarios los menores, ha expresado su profundo dolor y ha pedido que se haga justicia por la muerte de los niños. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado una revisión de las normativas sobre el manejo de sustancias tóxicas en comunidades rurales, con el objetivo de prevenir futuros incidentes.
Este lamentable episodio reaviva el debate sobre la gestión de la fauna callejera en México y la necesidad de políticas públicas efectivas que no pongan en riesgo la vida de personas ni de animales. La sociedad sigue a la espera de justicia para los tres niños que perdieron la vida en circunstancias que pudieron haberse evitado.
