Sarelly Martínez Mendoza
Amenazar a un periodista tiene pocas consecuencias para el agresor. Basta que ofrezca disculpas públicas, que diga que se equivocó y que está arrepentido.
Las leyes son laxas en este sentido, y por supuesto, no solo cuando intimidan a periodistas sino a cualquier otro ciudadano.
La sentencia a favor de la destacada periodista Ángeles Mariscal, Premio de Excelencia al Reportaje Imparcial sobre Migración Laboral de la ONU, presenta aspectos positivos y negativos.
Por un lado, hay que reconocer el valor de la periodista alpresentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República —porque su caso no solo agravia a su trabajo personal sino al gremio—, y por el otro, la disposición y capacidad profesional de los investigadores de delitos cibernéticos de la dependencia.
El aspecto negativo es que la sentencia es muy favorable para las personas culpables, en este caso Martín Alejandro Peñuñuri Ezrre, lo que refleja la debilidad de las leyes para proteger a los periodistas. El agresor amenazó al menos a comunicadores de dos medios: de la revista Espejo, de Culiacán, Sinaloa, y de Chiapas Paralelo.
En julio de 2021, en un texto de una cuartilla, lleno de mensajes intimidatorios y altisonantes, Martín Alejandro le exigió a la periodista Ángeles Mariscal borrar un texto sobre la cobertura de la violencia en Pantelhó, porque de lo contrario, le decía: “tendré que hacer lo mismo que Pablo Escobar contra Guillermo Cano en 1986”.
El agresor hacía referencia al asesinato, ordenado por Escobar Gaviria, contra Guillermo Cano Isaza, director del periódico El Espectador de Colombia, en represalia por haber criticado al Cártel de Medellín.
Ángeles Mariscal se tomó en serio la amenaza. No era para menos. El texto con el título “Bombas, la estrategia de terror que usan grupos criminales en zonas indígenas”, publicado en Chiapas Paralelo el 15 de julio de 2021, en lugar de merecer un reconocimiento, recibía agravios.
La periodista confiesa que lloró de impotencia y de coraje. La cobertura de esa noticia había sido complicada. Pantelhó se había convertido por esas fechas en un campo de batalla entre Los Herrera y Los Machete. Había levantones, asesinatos y uso de bombas en contra de la población civil.
“A Pantelhó, recuerda la periodista, teníamos miedo de entrar a reportear, nunca habíamos visto a grupos armados de la magnitud que, después, desafortunadamente, se nos fue haciendo una cotidianidad. Pero nos armamos de valor y llegamos el 9 de julio.
“Ahí pudimos comprobar que integrantes de grupos criminales ligados a políticos y autoridades municipales intentaron manipularnos con una primera versión de lo que ahí sucedía. Después, en territorio, logramos desentrañar la magnitud del problema y de los intereses que ahí estaban en juego, los que no son ajenos a lo que estaba pasando en laszonas Sierra y fronteriza del estado”.
Los testimonios más impactantes fueron de los pobladores que denunciaron el uso de bombas y explosivos por los agresores. Ángeles entrevistó a testigos, tomó fotos e hizo videos:
“La amenaza en mi contra vino pocos días después, relacionada con esa nota. Se trató de un mensaje donde palabras más palabras menos, exigía que borrara la publicación; advertía que si yo no lo hacía, si yo denunciaba ante las autoridades o hacía pública la amenaza, iban a poner una bomba en mi lugar de trabajo. Todo esto en un lenguaje sumamente agresivo”.
Pese a las amenazas, Ángeles Mariscal regresó a Pantelhó a seguir documentando la violencia ejercida en contra de la población.
Dos años después de su denuncia, recibió una llamada de un agente del Ministerio Público, quien le indicó que se había identificado a la persona responsable. Se trataba de Martín Alejandro, quien operaba cinco perfiles falsos en Facebook. Se le había rastreado a través del IP de su servidor, que pertenecía a Megacable de Hermosillo, Sonora, y del IMEIde su celular.
A través de la figura de procedimiento abrevidado, el acusado aceptó su culpabilidad, por lo que no se siguió el juicio ordinario. El 7 de febrero de este año, fue sentenciadoa tres meses de prisión, multa, reparación del daño y una disculpa pública, que en la parte sustancial indica:
“He dimensionado que los mensajes amenazantes que publiqué, no solo ponen en riesgo la seguridad e integridad de la periodista, sino también representan un atentado contra la libertad de expresión de que gozan todas las personas y en particular quienes hacen de ella su labor profesional”.
Ángeles Mariscal ha realizado una labor periodística fundamental en Chiapas que debe ser reconocida en esta patria chica —donde ha recibido más premios internacionales que nacionales—. A pesar de las amenazas que ha enfrentado a lo largo de 40 años, sigue ejerciendo el periodismo con valentía y excelencia.
